Carmen Hernández abordará el reto del acceso a la vivienda en Canarias como un asunto de primer orden  

NC apuesta por las ayudas al alquiler, continuar con la exitosa rehabilitación del parque público, la nueva construcción y potenciar la colaboración público-privada.

La portavoz de Nueva Canarias (NC) en materia de Vivienda, Carmen Hernández, presentó hoy, en el pleno, las cuatro principales propuestas de los canaristas progresistas para resolver o contribuir a paliar un asunto de primer orden en el Archipiélago, la falta de vivienda pública. La parlamentaria de NC apostó por reforzar las ayudas al alquiler, continuar con la exitosa rehabilitación del parque público, impulsar la nueva construcción y potenciar la colaboración público-privada con los ayuntamientos, los cabildos y el sector de la construcción.

Durante la comparecencia solicitada por Nueva Canarias, Carmen Hernández expuso el balance de gestión de la X Legislatura al mismo tiempo que planteó las principales medidas defendidas por esta formación política para afrontar uno de los dos grandes retos que tiene la comunidad canaria, solventar la falta de vivienda con medidas factibles.

“Nos preocupa, y nos ocupa, tanto si estamos en el Gobierno o en la oposición”, abordar la problemática del acceso a una casa en las islas, según Carmen Hernández. Termina una legislatura, señaló, en la que se han producido dos hechos destacados. Tras una década de ausencia total de política pública en la materia, el pacto de progreso impulsa el plan canario de 2020 a 2025, de “obligado” cumplimiento para el próximo Gobierno, sea del color político que sea.

Al mismo tiempo, añadió, se aprueban los últimos presupuestos, correspondientes a 2023, con los que se alcanza la “histórica” cifra de 151 millones de euros, el doble de los fondos destinados por el anterior Ejecutivo de CC.

“Ahora toca eliminar los obstáculos”, añadió. La parlamentaria destacó cuatro ejes de actuación. El primero, reforzar y estabilizar las ayudas al alquiler para impedir los desahucios. En segundo lugar, continuar con la mejora y modernización con criterios de eficiencia energética del parque público, a través de la “exitosa” gestión realizada en Canarias en materia de rehabilitación, regeneración y renovación de los entornos urbanos.

En tercer lugar, propuso dar un impulso a la construcción de nuevas promociones para atender a la lista de demandantes, en su mayoría familias vulnerables. En torno a unas 30.000 si se tiene en cuenta, tal y como observó, que más de 13.000 solicitantes se dieron de baja en el registro público al dejar de confiar en los dos gobiernos anteriores al de la X Legislatura.

El cuarto eje de NC pasa por potenciar la colaboración público-privada. Defendió la descentralización para que intervengan los cabildos y los ayuntamientos en la construcción, “factible” mediante la suscripción de convenios. “Ahorraríamos mucho tiempo”, entre otros, a la hora de disponer del suelo, según la portavoz de NC. Además, se dispondría de las capacidades de las empresas públicas municipales y los consorcios insulares.

En paralelo, apostó por dar mayor capacidad de actuación a la empresa pública Visocan para promover la construcción y por incluir, en una próxima reforma de la ley canaria del suelo, la disposición de suelo protegido. “Hay que eliminar los obstáculos” urbanísticos y de planeamiento, en opinión de Carmen Hernández.

Con respecto a la colaboración privada, se refirió al sector de la construcción con amplia experiencia, lo que además ayudará al mantenimiento y creación de empleo.

Nueva Canarias está convencida de que los incentivos fiscales al alquiler movilizarán el parque privado de viviendas y ayudarán a racionalizar el precio del arrendamiento, hoy tensionado también por la influencia del alquiler vacacional y la compra por parte de los extranjeros.

La vivienda colaborativa es un camino que, para Hernández, debe ser impulsado. Puso como ejemplo las iniciativas del Cabildo de Gran Canaria que, mediante jornadas técnicas especializadas, trata de aprender de las experiencias en otras comunidades del Estado. Un modelo de gestión que, como defendió, puede promover la convivencia intergeneracional. Ayudará, a los jóvenes, a acceder a una residencia y, a los mayores, a combatir la soledad, explicó.

Con carácter general, Carmen Hernández abogó, a nivel estatal, por tener una ley del siglo XXI que, “de verdad, ampare” el derecho constitucional a acceder a un hogar y para que deje de ser objeto la especulación del mercado privado. Expuso la conveniencia de “mirarnos en el espejo” de Euskadi, territorio en el que el acceso a una casa en alquiler es un derecho desde 2015 y donde está regulada una reserva, un porcentaje para vivienda protegida. Carmen Hernández proclamó que la vivienda es una política social.