Carmen Hernández critica que CC y el PP se nieguen a poner tope al
alquiler en Las Palmas de Gran Canaria a pesar de la solicitud del
Ayuntamiento
Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) denunció hoy que el Gobierno
presidido por Fernando Clavijo se limita a “aparentar” gestión en
vivienda mientras crece sin parar la emergencia habitacional en el
Archipiélago. La portavoz parlamentaria en la materia de NC-BC, Carmen
Hernández, criticó a los socios de Coalición Canaria (CC) y el Partido
Popular (PP) por negarse a poner un tope al alquiler en Las Palmas de
Gran Canaria, una de las zonas urbanas más tensionadas de Canarias y a
pesar de la solicitud justificada realizada por el Ayuntamiento hace más
de un año. Acusó a las dos derechas de priorizar la especulación sobre
los derechos de la ciudadanía canaria, ignorar medidas de eficacia
inmediata y dejar crecer una lista de espera, que se aproxima ya a los
30.000 demandantes.
La parlamentaria del grupo nacionalista progresista mantuvo a las dos
derechas canarias gobernantes de “dar la espalda” a la emergencia
habitacional y de “mantener una apariencia de gestión sin soluciones
reales” para las canarias y los canarios.
Un Gobierno que rechaza hacer frente a la emergencia habitacional, según
Carmen Hernández, es un Ejecutivo negligente. Hernández detalló cuatro
grandes déficits de la acción del gabinete de Clavijo.
“No se adoptan medidas eficaces de manera inmediata”, a pesar de la
“evidencia de que los problemas crecen”, citó la diputada de NC-BC las
listas de espera más largas, los precios para el alquiler y la compra
descontrolados y un relevante déficit de vivienda pública.
CC y el PP, añadió, ha optado por la especulación inmobiliaria o
incentivar a los grandes inversores, en lugar de “proteger directamente
a las familias que más lo necesitan”. Las derechas gobernantes, criticó
Hernández, “ignoran” propuestas que “ya han demostrado eficacia” en
otras comunidades, como el Programa de Alquiler Seguro, la declaración
de zonas tensionadas o el reconocimiento de la vivienda como un derecho
subjetivo, todas ofertadas por NC-BC en el Parlamento y rechazadas por
los grupos que sostienen al Ejecutivo canario (CC, el PP, la ASH y la
AHI).
Para la portavoz canarista, se comete una evidente negligencia en la
gestión de los recursos existentes ya que los socios del pacto
conservador “no movilizan” una proporción de las 211.000 residencias
desocupadas existentes en las islas ni agilizan suficientemente la
entrega de viviendas públicas.
Recordó que la lista de demandantes se aproxima a las 30.000 personas,
lo que a su juicio demuestra que “no se están dando respuestas a la
altura de la emergencia social” existente.
Se mostró muy crítica con el comportamiento del Ejecutivo de Clavijo que
“saca pecho cuando entrega viviendas” del plan puesto en marcha en la
pasada legislatura, con unos 600 millones de euros de ficha financiera,
pero elude sus responsabilidades “cuando no resuelve y las familias
siguen esperando medidas resolutorias”.
Denunció que no se limita el precio de los alquileres ni se aborda la
escasez de residencias asequibles, y “lo único que se le ocurre” a CC y
el PP es apostar por la especulación mediante la liberalización del
suelo y de las licencias de obra, así como por impulsar el uso de la
Reserva de Inversiones (RIC).
La parlamentaria de NC-Bloque Canarista indicó tres medidas de
aplicación inmediata. Se trata de un programa de alquiler seguro que
incentive a los propietarios a sacar al mercado el inmueble vacío. El
reconocimiento del derecho subjetivo a la vivienda por medio de una
reforma de la ley sectorial canaria que permitirá a la ciudadanía
reclamar una compensación económica por no tener acceso a ese derecho
constitucional.
La tercera, prosiguió, la declaración de zonas tensionadas para contener
el aumento desproporcionado del precio de los arrendamientos. En dos
años de CC y el PP al frente del Gobierno, “ni una sola de las
peticiones” realizadas por diversos ayuntamientos “han sido
respondidas”, censuró la portavoz de Nueva Canarias.
A modo de ejemplo, recordó que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria, una de las áreas urbanas más tensionadas del Archipiélago,
solicitó al Ejecutivo canario hace más de un año que se pusiera un
límite al precio de los arrendamientos mediante la declaración de zona
tensionada con los informes justificativos exigidos por la normativa
estatal.
Estas tres propuestas son acciones “inmediatas y de eficacia comprobada
que el Ejecutivo de Clavijo puede aplicar, pero prefiere mirar para otro
lado mientras el problema sigue agravándose”, recriminó Carmen
Hernández.