NC-BC denuncia que triplica el incumplimiento de la regla de gasto y con la
ejecución presupuestaria de 2023 más baja de la última década, 1.500
millones sin gastar
Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), en base al reciente informe de la
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) sobre los
presupuestos iniciales del Gobierno de Canarias de 2024, denunció hoy que
“se agrava la temeridad, imprudencia y mala gestión” denunciada por el
canarismo de progreso hace cinco meses tras la presentación del primer
proyecto de ley del Gobierno de CC y el PP. El presidente, la portavoz
parlamentaria en la materia y el coordinador del grupo parlamentario, Román
Rodríguez, Esther González y Fermín Delgado, respectivamente; evidenciaron
que se triplica el incumplimiento de la regla de gasto, lo que supondrá un
ajuste de más de 500 millones de euros, y que la ejecución presupuestaria
en 2023 ha sido la más baja de la última década, 1.500 millones de euros
sin gastar, sin invertir.
“Nuestros cáculos”, del pasado mes de octubre, sobre los tres graves
problemas de los presupuestos de las derechas canarias, advirtió Román
Rodríguez, han empeorado según se desprende del último informe publicado
por la Airef a finales de la semana pasada. El trabajo de este organismo,
en opinión de NC-BC, revela que CC y el PP dirigen un Gobierno “imprudente,
temerario y malos gestionando”. El resultado es que Canarias y su
ciudadanía “acabará pagando las consecuencias de tanta irresponsabilidad”,
criticó.
Para Esther González, el “falseamiento” de la regla de gasto para aumentar
el gasto en 2024 en 1.121 millones de euros es la “crónica de un disparate
anunciado”. No solo no se tuvo en cuenta el 3% recomendado por la Airef
(luego corregido al 2,6% por el Consejo de Política Fiscal y Financiera) ya
que se fijó en el 6% sino que finalmente fue del 8,5%. Un “flagrante
incumplimiento” de la regla de gasto y el mayor de todos los territorios
del Estado ( de media del 5,7%), lo que supone un ajuste de más de 500
millones de euros.
Un “exceso” de entre 517 millones de euros y 530 millones de euros, casi la
mitad de los 1.121 millones de euros de aumento del gasto, en consecuencia,
un deterioro de las finanzas públicas desde el 2025 al 2027, al margen de
las consecuencias legales por el incumplimiento del marco legal estatal,
remarcó Esther González.
En el plan presupuestario presentado ayer lunes por la Consejería de
Hacienda y Relaciones con la Unión Europea de Matilde Asián, tal y como
agregó Rodríguez, ya se contiene un importante “ajuste, una retención” del
gasto de 234 millones de euros. “Ya no se gastarán”, avisó, los 11.301
millones de euros totales de los presupuestos en vigor.
En la citada previsión, aprobada en Consejo de Gobierno, el presidente de
NC-BC aseguró que se prevé que, en 2025, el presupuesto sólo crezca en 175
millones de euros. En 2025, sólo 156 millones de euros y, en 2027, 76
millones de euros más, para acometer todos los gastos de la comunidad.
Femín Delgado, con datos del Ministerio correspondiente, mostró que la
ejecución presupuestaria de 2023 es del 91%, “la peor de los últimos 10
años”. Se dejaron de gastar 1.089 millones de euros, una cantidad
equivalente a la suma del presupuesto de Derechos Sociales, el Instituto
Canario de la Vivienda y el Servicio Canario de Empleo (SCE) “juntos,”
censuró el coordinador del grupo parlamentario.
Cerca de 1.100 millones de euros que “no se gastaron más” otros 400
millones de euros que se han diferido a organismos del Gobierno para
ejecutar en los próximos ejercicios económicos, remató Román Rodríguez.
Sólo en el mes de diciembre se gastaron, según expuso, 2.485 millones de
euros, el 22,5% del presupuesto total. Un dinero que, según Delgado, “no ha
llegado a los ciudadanos” al emplearse la técnica presupuestaria de sacar
partidas de una consejería para ser inyectada en una empresa o entidad
pública del mismo departamento.
Lo que sí fue fuertemente cuestionado por el coordinador parlamentario
fueron las 13 mensualidades en gasto farmacéutico, la “debillidad” del
Ejecutivo de CC y el PP. Cada mensualidad, tal y como especificó, son 60
millones de euros para el lobby farmacéutico mientras se negaron 12
millones de euros para las pensiones no contributivas.