Todo ello formó parte de la intervención de nuestra portavoz en el mismo, Carmen Hernández. Que en la primera parte de su discurso hizo una encendida defensa de la democracia y sus valores. Rechazando los movimientos populistas, autoritarios y de extrema derecha que tratan de deslegitimarla, cuestionando las reglas de juego electoral e incluso asaltando violentamente las instituciones democráticas, como sucedió en enero de 2021 en Estados Unidos o, más recientemente, a principios de este 2023, en Brasil. Y abogando por la buena política, por el valor de la palabra, del consenso, de la tolerancia y del debate de ideas.
Esenciales para responder desde la política a los problemas de la legislatura han sido los presupuestos expansivos y anticíclicos de la Comunidad canaria. Creciendo desde los 7.855 millones de euros iniciales del 2019, el anterior presupuesto a la llegada de este Ejecutivo de progreso, a los 10.180 millones de euros previstos en la ley de 2023. Con una ejecución presupuestaria en 2022 del 95,37%, superior a la anterior a la pandemia, pese al enorme volumen de gestión, más de 10.000 millones en el año pasado, sin contar el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), cuya gestión requiera de procedimientos singulares y su vigencia es plurianual.
Unas cuentas públicas alejadas de los recortes que tanto daño social hicieron, que tanto dolor humano causaron, en la anterior crisis financiera. Lo hemos hecho mediante una eficiente acción destinada a fortalecer los grandes servicios públicos, a colaborar con los sectores económicos afectados y apoyar, asimismo, a las personas más vulnerables. Incrementando de forma notable las partidas destinadas a educación, sanidad y derechos sociales, pero también la inversión productiva.
Desde Nueva Canarias valoramos la aprobación por nuestro Parlamento de leyes específicas que impactan de forma positiva en la vida de la gente, además de las cuatro leyes de Presupuestos que son la base de todo. Cabe destacar la Ley de Renta de Ciudadanía de Canarias, que emana de nuestro reformado Estatuto de 2018, y pretende, integrando a los beneficiarios de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), llegar a unas 40.000 unidades familiares, posibilitando que puedan pagar el alquiler de su vivienda, las facturas de agua o electricidad, así como su alimentación. En suma, que dispongan de recursos para atender necesidades vitales. Y, además, establece mecanismos que contribuyan a lograr su plena integración social y laboral. Así se avanza hacia una sociedad más justa e inclusiva, generando condiciones para alcanzar mayores niveles de equidad. Una Renta de Ciudadanía que debe tratar de complementarse con el estatal Ingreso Mínimo Vital.
También la Ley de Cambio Climático de Canarias, esencial para que nuestra tierra tenga un presente y un futuro sostenible. Entre los objetivos que recoge su texto, se encuentran implementar medidas que garanticen la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero en el Archipiélago en 2040, la reducción progresiva del uso y el consumo de combustibles fósiles y establecer un modelo energético basado en las energías renovables. Un asunto este último, el de la implantación de las renovables, en el que Gran Canaria, por el impulso de su Cabildo, aparece hoy a la vanguardia del Archipiélago, multiplicando el autoconsumo, situada por encima de la media canaria en penetración de las energías limpias y con proyectos en marcha que le acercarán al objetivo de soberanía energética y neutralidad climática.
Y, asimismo, en el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad se pusieron sobre la mesa los grandes problemas que nos afectan. En la sanidad, que se encuentra en crisis en todas las comunidades autónomas, donde se cuenta con más recursos económicos que en ninguna etapa anterior y en la que hay que hacer un esfuerzo por intensificar la planificación, la organización y la gestión de los servicios aprovechando las nuevas tecnologías y la digitalización. Reduciendo las listas de espera, tanto quirúrgicas como de especialidades; agilizando la atención primaria y priorizando los avances en salud mental, de manera especial respecto a nuestra infancia y adolescencia.
También con un sistema educativo que debe acelerar la extensión de la educación infantil 0-3 años y continuar impulsando la Formación Profesional adecuada a las demandas del mercado laboral. Con una cultura que cuenta con una novedosa legislación que trata de fortalecerla. Con la necesidad de dar un salto cualitativo en materia de vivienda pública. Y de seguir superándonos en la aplicación de la ley de la dependencia. Abordando con rigor el reto demográfico, creciendo razonablemente para vivir mejor. Apostando por una movilidad sostenible que integre el transporte guiado. O impulsando una administración que evalué permanentemente sus resultados y que sea cada vez más ágil, eficiente y flexible.
Muchos de estos asuntos formaron parte de las 46 resoluciones que Nueva Canarias presentó en la última jornada del Debate del Estado de la Nacionalidad 2023, dirigidas a la construcción de un país canario cohesionado y solidario. Entre otras, las referidas a financiación autonómica, cumplimiento efectivo de las nuevas transferencias estatutarias, rechazo a la privatización de las torres de control de los aeropuertos canarios, apuesta por las producciones audiovisuales, exclusión de Canarias del comercio de emisiones de CO2 o pacto de migración y asilo. También sobre negociación de tope de precios a productos básicos, soberanía alimentaria, proyectos ferroviarios alimentados con hidrógeno, reforma de la administración pública, lucha contra la violencia machista, puerto de Órzola o apoyo a la isla de La Palma.
Vivimos en una sociedad democrática, plural y en permanente evolución. Disponemos de importantes recursos públicos y de una relevante iniciativa privada. Contamos con personas cada vez más formadas. Y disponemos de un clima, territorio y una naturaleza únicos. Tenemos adecuados instrumentos -Estatuto, REF y reconocimiento como región ultraperiférica de la Unión Europea- que permiten un elevado grado de autogobierno, una gran capacidad de decisión sobre nuestro presente y futuro. Lo estamos haciendo, con aciertos y errores, desde la convicción de que nos encontramos en condiciones de hacer de esta tierra un lugar más sostenible, con identidad propia, con mayores cotas de bienestar social, con mayor equidad.