Campos y González afirman que las enmiendas incluidas en el proyecto de ley para 2023 refuerzan su orientación social, para impulsar la economía y el empleo.
Nueva Canarias (NC) ha secundado hoy, en comisión, el dictamen del Proyecto de Ley (PL) de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias (PCAC) para 2023 al incluir mejoras destinadas a cumplir con los objetivos de dos de las leyes más estratégicas del pacto de progreso aprobadas esta semana por la Cámara, la de la Renta de Ciudadanía y el Cambio Climático. El portavoz parlamentario y la portavoz económica de NC en el Parlamento, Luis Campos y Esther González, afirmaron que las enmiendas aprobadas en ponencia y comisión refuerzan la orientación social, impulsan la economía, los sectores productivos más afectados por la crisis inflacionista y el empleo del texto normativo entregado al Parlamento por el vicepresidente y consejero en la materia del Gobierno, Román Rodríguez.
El penúltimo trámite de los cuartos y últimos presupuestos de la X Legislatura, para los canaristas progresistas, han certificado el ciclo “más expansivo y social de la historia” de Canarias, al pasar de los 7.855 millones de euros de las cuentas de 2019 a los 10.180 millones de euros para 2023.
Todo ello, según Campos y González, en un contexto de hechos “críticos extraordinarios continuados” en los últimos tres años y medio, sin subir impuestos, con rebajas tributarias selectivas a los sectores sociales y económicos más vulnerables, con una “notable” reducción de la deuda y eficaz gestión en la labor de captación de fondos de la Unión Europea (UE).
De las 1.158 enmiendas totales admitidas a los grupos para su tramitación, 978 a los estados financieros y 180 al articulado, los diputados de NC se detuvieron en las 211 del pacto de progreso y en las relacionadas con la sección 19 de Diversas Consejerías, responsabilidad del departamento de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
Esther González se detuvo en tres de ellas con las que se aplica el tipo cero del Impuesto General Indirecto (IGIC) a los productos para la alimentación del ganado, uno de los sectores más golpeados por la subida de los precios. La derivada de la negociación con los trabajadores de las fundaciones y las empresas públicas para que, en un plazo no superior a tres meses desde la entrada en vigor de la ley, se restituya el 5% de la retribución minorada por los presupuestos estatales de 2011.
La tercera mejora, expuesta por la portavoz económica, se refiere a la autorización a las dos universidades públicas a incurrir en un gasto de 4,5 millones de euros, para cada una de ellas. Para inversiones nuevas o rehabilitación de infraestructuras necesarias para la actividad docente, investigadora, el impulso de la digitalización y la eficiencia energética.
Luis Campos se centró en los 5,8 millones de euros movidos en la sección 19 para mejorar la distribución territorial de las cuentas y reforzar las políticas destinadas a estimular los objetivos de dos normas “claves”, la de la Renta de Ciudadanía para paliar la exclusión social y la del Cambio Climático con el fomento de las renovables, entre otros proyectos.
Finalidades a las que contribuyen las partidas para dar continuidad al Plan integral de Jinámar en Telde, para la instalación de plantas fotovoltaicas en el pabellón deportivo de Gáldar, una ayuda humanitaria de 300.000 euros para los afectados del huracán que azotó Cuba a finales del pasado mes de septiembre y otros 255.000 euros para las infraestructuras del Centro de Biodiversidad Marina y Economía Azul de la Plocan en Tazacorte. También para la Academia Canaria de la Lengua, el Consorcio de Casa África y la rehabilitación de otros equipamientos sanitarios y comerciales.
Para Nueva Canarias, cuando el próximo martes el pleno de la Cámara apruebe definitivamente el proyecto de ley y el próximo 1 de enero comiencen a desplegarse las medidas contenidas en los presupuestos para 2023, el Archipiélago estará en condiciones de ganar en derechos sociales, en educación, vivienda, sanidad, optimizar el crecimiento y el empleo además de apostar por la sostenibilidad ambiental.
En línea con las tres normas anteriores de 2022, 2021 y 2020, Esther González y Luis Campos mantuvieron que las últimas cuentas del pacto de progreso son anticíclicas, están orientadas hacia la mayoría social, con políticas eficaces y alcanzables. Reflejo de una apuesta clara en favor del sector primario, industrial y energético y con vocación de “romper” la concentración para avanzar hacia la diversificación económica a través de la investigación, el desarrollo y la innovación, según Nueva Canarias.