Luis Campos y Esther González definen además la ley de volcanes entre los asuntos pendientes en el Parlamento, prioritarios para el canarismo de progreso.
El portavoz parlamentario y la portavoz económica de Nueva Canarias (NC) en la Cámara, Luis Campos y Esther González, identificaron hoy el reto demográfico, el refuerzo de los servicios públicos esenciales, la ley de volcanes y el desarrollo del autogobierno como compromisos básicos próximos a desarrollar en el Parlamento. Ambos dirigentes definieron así los asuntos pendientes por el fin de la legislatura, prioritarios para el canarismo de progreso.
Como presidente también de la comisión de estudio de reto demográfico que finalizó el trabajo hace una semana, Luis Campos adquirió el compromiso de Nueva Canarias para que sea el primer foro de análisis a constituir en el Parlamento saliente de los próximos comicios. Es un asunto “estratégico” para el presente y el futuro del Archipiélago que repercute, advirtió, en el modelo de desarrollo y su sostenibilidad. Influye, según Campos, en la presión que sufre el territorio, la sanidad, la educación, los servicios sociales, las infraestructuras, la vivienda y el resto de servicios y estructuras que configuran la sociedad canaria.
En la agenda de trabajo de NC, también destaca la responsabilidad de desarrollar la iniciativa legislativa popular, registrada la semana pasada por la plataforma de afectados por la erupción de La Palma, para crear una ley canaria de volcanes.
Con respecto a las normativas aprobadas en la X Legislatura, además de las cuatro leyes presupuestarias expansivas para afrontar las adversidades sobrevenidas, responsabilidad del consejero de Hacienda, Román Rodríguez; el portavoz parlamentario de NC se detuvo en la de la Renta Canaria de Ciudadanía y la del Cambio Climático.
Respecto a la primera, el canarismo de progreso, incluso desde la oposición en pasadas legislaturas, identificó esta medida como “una de las principales” herramientas para combatir la pobreza y la exclusión social. En los próximos cuatro años, NC trabajará para que despliegue todas sus posibilidades, es decir, para que ayude a unas 40.000 familias vulnerables a tener garantizados los servicios mínimos necesarios para tener una vida digna.
Con la “pionera” ley contra el cambio climático, el canarismo de progreso se mantendrá vigilante con la puesta en marcha de las medidas contempladas en la normativa porque es un “reto ineludible” para Canarias y el planeta, en su conjunto.
Campos recordó que alcanzar una inversión, en materia educativa como exige la norma sectorial canaria, del 5% del Producto Interior Bruto (PIB) es “alcanzable” porque, en esta legislatura, “hemos estado muy cerca”. También la educación de cero a tres años es un objetivo ineludible para esta formación política. Su implantación “hoy es una realidad, pero insuficiente porque tiene que llegar a todos los territorios” del Archipiélago, según Luis Campos.
Tras referir otros compromisos, como el fin de las esperas para acceder a los servicios de la dependencia a lo largo de 2023 y hacer del Servicio Canario de Empleo (SCE) un instrumento además eficaz en las labores de intermediación y formación continua, Esther González se detuvo en la vivienda.
Aprobado el nuevo plan para el periodo de 2020 a 2025 con ficha financiera incluida después de una década sin política alguna en la materia, la portavoz económica remarcó que es un asunto de primer orden para NC. Entre las medidas a desarrollar, la rehabilitación del parque público y dar un impulso a la construcción de nuevas promociones para responder a la demanda, entre las principales.
“Muy importante”, añadió la también vicepresidenta primera de la Mesa, “reducir y estabilizar” las listas de espera sanitarias (quirúrgicas, especialidades y pruebas diagnósticas) después de haber afrontado una pandemia, que exigió concentrar todos los esfuerzos humanos, técnicos y financieros.
En el mismo nivel de importancia situó la defensa del Régimen Económico y Fiscal (REF) ante la incomprensión de los estamentos públicos y privados estatales. Es “obligado que se cumpla” con todos los preceptos del fuero canario porque “no es un privilegio sino un derecho”, defendió la dirigente de NC. Abogó además por su adaptación a las nuevas realidades económicas y sociales de las islas.
Para Esther González, en los próximos cuatro años, Canarias tiene que negociar con la Administración del Estado un mayor desarrollo del Estatuto de 2018. Más traspasos competenciales, con la “cogobernanza” de todos los aeropuertos canarios como prioridad. Además de exigir que el Ejecutivo estatal que defienda a la comunidad ante las autoridades de la Unión Europea, entre otros, en la demanda de la fijación de las obligaciones de servicio público (OSP) en las conexiones aéreas con la Península para evitar subidas abusivas de precios.