Campos afirma que razones de justicia social y de lucha contra el cambio climático aconsejan avanzar hacia la exigencia a todos los integrantes de la cadena de valor.
Nueva Canarias (NC) cree necesario legislar para evitar el desperdicio alimentario y sus consecuencias. El portavoz de los canaristas progresistas, Luis Campos, afirmó que razones de justicia social, económicas y de lucha contra el cambio climático aconsejan avanzar desde la autorregulación responsable a la exigencia a todos los integrantes de la cadena de valor alimentaria. Nueva Canarias, desde el Parlamento y el resto de instituciones públicas con representación, ha decidido priorizar esta línea de trabajo encuadrada en el objetivo de reorientar el desarrollo del Archipiélago hacia un modelo sostenible.
Luis Campos adujo tres razones para impulsar diversas iniciativas. Desde el punto de vista ético, afirmó que es “impensable” que, en la actualidad y a nivel mundial, se tiren a la basura 1.300 millones de toneladas de alimentos consumibles. Una consideración que extendió a Canarias ya que, según datos de 2016 del Estudio sobre Hábitos de Aprovechamiento de Alimentación en los españoles de la Asociación de Empresas de Gran Consumo, el 17% de los ciudadanos de las islas desperdiciaban alimentos, el segundo mayor porcentaje del Estado, superado por el 18% de Andalucía.
Desde la perspectiva de la lucha contra el cambio climático, el también portavoz parlamentario de NC indicó que el 14% de las emisiones de CO2 proceden de la comida desperdiciada en hogares, comercios y restaurantes. Además del desaprovechamiento de recursos naturales como consecuencia de miles de hectáreas deforestadas equivalentes a los alimentos que no se han consumido y los entre 5.000 y 20.000 litros de agua necesaria para producir un kilogramo de carne, que puede terminar incinerada.
El tercer motivo esgrimido por Campos fue la “ineficiencia” económica que implica unas pérdidas muy elevadas de asumir para cualquier sociedad.
Por estas razones, el dirigente de NC se mostró partidario de avanzar desde la autorregulación responsable a la exigencia obligatoria, a través de una ley como el proyecto que comenzará a tramitarse en las Cortes Generales sobre la prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. “Defendemos” una norma de estas características porque, como señaló, tiene que “ser exigible” a todos los miembros de la cadena de valor. Desde el proceso de producción, transformación, distribución, comercialización, consumo y restauración.
En paralelo otorgó un valor destacado al trabajo de concienciación, desplegado desde y para las instituciones públicas, el tejido productivo privado y los consumidores. Valoró las iniciativas puestas en marcha por algunos supermercados para ofrecer, al final del día y a un precio menor, los productos desechados para la venta pero aptos para el consumo, los centenares de establecimientos unidos en Canarias a la aplicación informática Too Good To Go, donde el usuario ve los comercios, restaurantes, hoteles y demás empresas interesadas de alrededor con productos disponibles más baratos y los restaurantes que hoy ofrecen al cliente, y con la nueva ley estarán obligados, las sobras no consumidas.
Iniciativas todas que además contribuyen a la reutilización y, en consecuencia, al fomento de la economía circular, según Luis Campos.