NC-BC DENUNCIA EL ELECTORALISMO DEL GOBIERNO TRAS AÑOS DE BLOQUEO DE LA
ZONA TENSIONADA DE LAS PALMAS
Hernández recuerda que CC y el PP ya tumbaron en 2024 en el Parlamento
una proposición no de ley de Esther González para impulsar este
mecanismo
La parlamentaria de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) Carmen
Hernández denunció hoy que el Gobierno de las dos derechas canarias (CC
y el PP) pretende convertir la declaración de Las Palmas de Gran Canaria
como zona de mercado residencial tensionado en un anuncio electoralista,
después de años de bloqueo a una medida que habría permitido poner
límites a los precios abusivos del alquiler. Hernández cuestionó el
repentino cambio de posición del Ejecutivo presidido por Fenando Clavijo
y recordó que CC, PP, ASG y AHI tumbaron una proposición no de ley, en
2024, de la diputada de NC-BC Esther González, para impulsar la puesta
en marcha de este mecanismo en el Archipiélago.
La portavoz del grupo nacionalista progresista en la materia, en
comisión, reclamó al consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad,
Pablo Rodríguez, explicaciones sobre las razones han impedido culminar
una tramitación necesaria para “aliviar la asfixia” económica de las
familias. Carmen Hernández cuestionó que, en plena emergencia
habitacional, el Ejecutivo de CC y el PP dejara transcurrir meses
decisivos mientras los alquileres desorbitados expulsan a residentes de
sus barrios y condenan a muchas personas a vivir con el temor permanente
de no poder seguir pagando su vivienda.
Defendió que Las Palmas de Gran Canaria reúne las condiciones para
activar este instrumento y que el Ayuntamiento realizó el trabajo
necesario para fundamentar su solicitud. Expuso una cronología del
expediente. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, según
Hernández en base a los datos oficiales del Consistorio, anunció en mayo
de 2024 la solicitud de declaración de zona tensionada. En enero de
2025, tras un requerimiento de ampliación documental del Gobierno,
presentó documentación técnica adicional elaborada con la participación
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Sin embargo, la
Consejería no respondió hasta febrero de 2026, cuando volvió a solicitar
más documentación.
Posteriormente, el 24 de septiembre de 2026, el Instituto Canario de la
Vivienda (Icavi) emitió un informe para continuar la tramitación, siete
meses después de la respuesta anterior, según la cronología detallada en
la comisión.
“Ustedes se meten un año y siete meses para responder a esta situación”,
censuró Hernández. Tiempos que, para NC-BC, son incompatibles con la
urgencia de una emergencia habitacional.
La portavoz nacionalista puso el acento crítico en el momento en que el
Ejecutivo ha comenzado a dar pasos en esta materia. Relacionó este
cambio de las dos derechas canarias con la fuerte contestación social
por la crisis de la vivienda (caso Mari Carmen) y con las denuncias de
la ciudadanía canaria sobre la responsabilidad del Ejecutivo de Clavijo.
Casualmente, afirmó Hernández, publican el expediente coincidiendo con
este ambiente. El “tufo electoral” es innegable para NC-BC. Exigió que
el anuncio no se quede en una mera operación de imagen. “Solo espero que
esto no sea un anuncio electoralista», afirmó.
Aseguró que la tardanza del Gobierno tiene consecuencias reales en
familias que han tenido que abandonar sus hogares, residentes expulsados
de barrios como Guanarteme y hogares que continúan destinando una parte
desproporcionada de sus ingresos a pagar el alquiler.
“Mucha gente no hubiera seguido viviendo asfixiada y no hubiera sido
expulsada de sus casas” si la medida se hubiera impulsado con
anterioridad, señaló. La diputada de NC-BC exigió al Ejecutivo de CC y
el PP que acelere el procedimiento para evitar que más personas sufran
las consecuencias de unos precios que consideran inasumibles.
Hernández criticó la posición del Gobierno de Canarias y los grupos que
le apoyan en el Parlamento (CC, PP, ASG y la AHI) al votar, en 2024, en
contra de una proposición no de ley de Esther González para impulsar la
declaración de zonas tensionadas en el Archipiélago.
Concluido el debate, y al margen de la comisión, recordó además que, en
la tramitación en el Congreso de los Diputados de la Ley Estatal de
Vivienda aprobada en 2023, CC registró enmiendas para a eliminar la
herramienta de la declaración de zonas tensionadas y la limitación del
precio de los arrendamientos.
Sostuvo que el Estatuto atribuye competencias exclusivas en materia de
vivienda para exigir a Pablo Rodríguez que asuma las obligaciones que le
corresponden. exigencia inequívoca al Gobierno de Canarias: “Que esto no
sea una patada para adelante para callar las voces que le señalan
directamente, porque son los responsables en materia de vivienda, le
guste o no le guste”.