Luis Campos reclama a Clavijo que responda a la emergencia habitacional con la ley de vivienda de NC-BC

LUIS CAMPOS RECLAMA A CLAVIJO QUE RESPONDA A LA EMERGENCIA HABITACIONAL
CON LA LEY DE VIVIENDA DE NC-BC

El portavoz del grupo nacionalista progresista denuncia años de
negativas del Gobierno de las dos derechas canarias a las medidas de
Nueva Canarias

El portavoz parlamentario de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC),
Luis Campos, reclamó hoy al presidente del Gobierno de las dos derechas
canarias, Fernando Clavijo, que responda a la emergencia habitacional
con medidas efectivas como las contenidas en la ley de vivienda
registrada por el grupo nacionalista progresista para garantizar el
acceso a un piso protegido y asequible. Campos denunció las negativas
continuas, durante los tres años de la legislatura, del Ejecutivo de CC
y el PP a las iniciativas de Nueva Canarias para hacer frente a esta
crisis. El parlamentario nacionalista exigió un cambio de rumbo para
poner el derecho a la vivienda por delante de la especulación y de los
intereses de la patronal de la construcción y las inmobiliarias,
protegida por el gabinete de Clavijo.

En la defensa de la pregunta oral al jefe del Ejecutivo, Campos se
mostró categórico al sostener que, en la actualidad, se tiene que estar
“o con los especuladores o con la mayoría de la gente, que ni tiene ni
puede acceder a una vivienda”. Para NC-BC, “ahora ya no caben las
equidistancias. Ahora toca elegir bando”.

El portavoz nacionalista observó que “la gente a la que se le ha
reventado durante años se hartó. Ha salido a la calle y ha dicho a
gritos que de ahí no se va a mover hasta que la vivienda deje de ser un
elemento de especulación brutal, salvaje y deshumanizador”.

Campos refirió el cambio, en apenas 15 días, del Gobierno de las dos
derechas, donde uno de los socios, Coalición Canaria (CC), fue capaz de
votar en el Congreso de los Diputados a favor de uno de los reales
decretos ley del Ejecutivo de Pedro Sánchez, “en el que no cree”. En
paralelo, añadió, inició el Ejecutivo canario “por fin” el procedimiento
para la declaración de zonas tensionadas en Las Palmas de Gran Canaria,
una medida que CC y el PP habían negado «por activa y por pasiva»
durante dos años.

Para el portavoz parlamentario de NC-BC, este cambio evidencia que la
mayoría de la ciudadanía ha obligado al Gobierno de Clavijo a modificar
su posición, después de años en los que, como denunció, la mayoría de
las medidas impulsadas por CC y el PP han satisfecho las demandas de la
patronal de la construcción y de las inmobiliarias.

Recordó el decreto de medidas urgentes de 2024, aprobado «de espaldas a
este Parlamento y a los ayuntamientos y cabildos, como así se lo
reprocharon”. También criticó la modificación que permitió invertir la
Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) en la compra de viviendas
para destinarlas al alquiler,” solo durante cinco años y sin limitación
de precio, “pura especulación”.

Frente a esta política, Luis Campos reivindicó las numerosas iniciativas
presentadas por Nueva Canarias-Bloque Canarista, a lo largo de la
legislatura, para garantizar el acceso a un hogar a quienes no pueden
acceder. La respuesta del Gobierno de Clavijo de CC y el PP, “de manera
sistemática, una vez tras otra, no”, remarcó.

Como ejemplos, citó la propuesta de un Plan Canario de Alquiler Seguro
para movilizar una parte de las más de 211.000 viviendas vacías, la
iniciativa para impulsar la declaración de zonas tensionadas en
Canarias, las medidas destinadas a garantizar el acceso de los jóvenes a
una vivienda asequible, la petición de elaboración de una nueva ley
transcurridos 23 años de vigencia de la actual y la propuesta de una
proposición de ley canaria de vivienda, registrada hace un mes a la
espera de su tramitación.

Campos también recordó que NC-BC pidió que el decreto de medidas
urgentes de 2024 se tramitara como proyecto de ley, una solicitud que
fue rechazada por el Ejecutivo canario. Para Luis Campos, toda una
contradicción porque CC en el Congreso de los Diputados defendió ante el
Ejecutivo estatal que el real decreto ley apoyado se tramitara como
proyecto de ley.