Carmen Hernández avisa que la falta de ejecución de casi 900 casas
públicas y el riesgo de perder fondos europeos profundizan el problema
en Canarias
La diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) Carmen Hernández
acusó hoy al Gobierno de Fernando Clavijo de cronificar la emergencia
habitacional que sufre el Archipiélago por la pura incompetencia gestora
de la vivienda pública. Hernández censuró que el Instituto Canario de la
Vivienda (Icavi), de las 2.086 viviendas licitadas entre 2023 y 2026, el
42 por ciento, 900 casas para vivir se quedaran desiertas. La portavoz
en la materia del grupo nacionalista progresista censuró además el serio
riesgo de perder fondos europeos, 69 millones de euros sin ejecutar, lo
que profundiza el problema en las islas. Nueva Canarias ofreció dos
soluciones a estos graves problemas, otro ejecutivo que tenga como
prioritaria la política de vivienda, con profesionales y expertos que
garanticen una gestión eficaz en el Icavi y la empresa pública Viviendas
Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan).
La parlamentaria de Nueva Canarias denunció que estos datos “no son un
hecho aislado ni un problema técnico puntual”. Para Hernández, es un
“nuevo paso que agrava el mayor problema social” que tiene hoy Canarias.
Cuando el acceso a una casa para vivir es la principal preocupación de
las canarias y los canarios, que el 42 por ciento del total de las
viviendas públicas licitadas no se construyen demuestra una gestión
“incapaz de responder” a una emergencia real.
Observó que la principal causa de esta situación provocada por el Icavi
es la falta de adecuación de los pliegos de licitación a la realidad del
mercado con precios que no cubren los costes de materiales, mano de obra
y maquinaria. El resultado es previsible, en su opinión. Las empresas no
se presentan, las obras no se ejecutan y las soluciones no llegan,
criticó.
Carmen Hernández alertó de las consecuencias económicas y sociales de
esta “pésima” gestión. En total, más de 69 millones de euros han
quedado sin ejecutar, muchos de ellos procedentes de fondos europeos,
cuyo plazo límite para usar es el próximo 31 de agosto. “Estamos ante el
riesgo serio de perder más recursos” porque el Ejecutivo de Clavijo
tendrá que devolver a la Unión Europea los fondos que “no se han
empleado y con intereses, mientras miles de familias esperan una
vivienda que nunca se inicia”.
Para NC-BC, la situación también es especialmente preocupante en el
ámbito de la rehabilitación, donde más del 57 por ciento de las
convocadas (1.050) han quedado desiertas (600) a pesar de tratarse de
actuaciones importantes para mejorar el parque público existente.
Carmen Hernández cuestionó el “boquete” existente entre el discurso
oficial de las dos derechas canarias gobernantes (CC y el PP) y los
resultados visibles. El gabinete de Clavijo anuncia decretos, planes y
nuevas fórmulas, pero la vivienda pública “sigue sin materializarse”.
Esta forma de trabajar “no resuelve los problemas, los alarga y agrava”,
según la portavoz parlamentaria de NC-BC en esta materia.
Carmen Hernández se mostró convencida de que. ante esta grave realidad,
hay dos soluciones principales, entre otras. Una, otro gobierno de
Canarias que tenga la vivienda “como una prioridad, en lugar de un
negocio”. La segunda, añadió, poner al frente del Icavi y de Visocan a
profesionales y expertos que gestionen con eficacia.