La diputada de NC-BC defiende que, tras este cambio imprescindible, en
Canarias debe ser de obligado cumplimiento establecer un tope a los
precios del alquiler
La diputada y vicesecretaria general de Nueva Canarias-Bloque Canarista
(NC-BC), Carmen Hernández, pidió hoy reformar la Constitución para
poner, en el Estado, el derecho a la vivienda por encima del mercado. La
dirigente del nacionalismo progresista defiende que, tras este cambio
imprescindible, en Canarias donde ha declarado la emergencia
habitacional, debe ser de obligado cumplimiento establecer un tope a los
precios del alquiler. Hernández reclamó a los gobiernos de Pedro Sánchez
y de Fernando Clavijo “menos palabras y anuncios” y “más decisiones
valientes a favor” del alquiler asequible y para construir más vivienda
pública.
Se mostró tajante al considerar que las medidas planteadas por Pedro
Sánchez para frenar los desorbitados incrementos de los arrendamientos
van a fracasar al partir de un diagnóstico erróneo. “Ningún propietario
va a dejar de subir el precio del alquiler en un mercado cada vez más
tensionado y con una escalada de precios imparable por unos incentivos”
en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), opinó. Se
trata de una medida “absolutamente ineficaz”, que además pone el foco en
el propietario en lugar de las personas realmente afectadas, indicó.
Carmen Hernández fue especialmente crítica con que, en Canarias donde el
Gobierno de Fernando Clavijo tiene las competencias en la materia, se
legisla “a favor” de la especulación y los grandes tenedores a pesar de
haber declarado la emergencia habitacional.
Para NC-BC, el problema es “profundo” y exige respuestas “de fondo”. “Si
no se cambia la Constitución, el Estado tiene muy limitadas sus
capacidades para intervenir, de verdad, el mercado”, planteó la diputada
canarista. El derecho a la vivienda, defendió, “no puede seguir siendo
de segundo orden”.
Planteó que debe pasar al Título I de la Carta Magna como un derecho
fundamental de obligado cumplimiento. “Por encima” del negocio de la
vivienda, “por encima” de los intereses del mercado y los especuladores,
“debe estar el derecho básico, esencial y fundamental” de la ciudadanía
a acceder a una residencia a un precio asequible, subrayó.
Partiendo de ese cambio constitucional imprescindible, Carmen Hernández
insistió que, en territorios como Canarias donde se ha declarado la
emergencia habitacional, debe ser “de obligado cumplimiento” establecer
un tope a los precios del alquiler.
El Estado, en su opinión, tiene que buscar las fórmulas jurídicas para
su viabilidad, sea con un cambio constitucional o mediante mecanismos
específicos para los territorios que tienen una situación de emergencia
real.
Esta medida, añadió la diputada canarista, debe ir acompañada de otras
políticas que defiende NC-BC como la movilización del parque vacío, que
le corresponde al Gobierno de Clavijo. “No puede ser” que haya 211.000
inmuebles vacíos y “cero” políticas específicas para el alquiler
asequible, denunció. En este sentido, volvió a defender los incentivos
tributarios para los pequeños propietarios y medidas de penalización
para los grandes tenedores, fondos de inversión y especuladores que
mantienen las viviendas vacías.
“Si el Ejecutivo de las dos derechas (CC y el PP) no quiere hacerlo por
iniciativa propia, debe ser un mandato” del Estado.
Insistió además en una política mucho más agresiva de construcción de
promociones públicas, siendo consciente de que es una estrategia a medio
y largo plazo. Reclamó, en especial, más vivienda pública en las grandes
ciudades, municipios turísticos y en islas como Lanzarote y
Fuerteventura, especialmente tensionadas.
Carmen Hernández recordó que el Ejecutivo canario también tiene que
hacer su propia tarea. “Es imprescindible cambiar la Ley Canaria de
Vivienda en la línea que venimos defendiendo”, afirmó. Ofreció los ejes
y principales medidas de la propuesta de NC-BC para una nueva ley.
Cuatro de las principales son garantizar el derecho a una residencia
como un derecho subjetivo, el aumento de la inversión pública hasta
alcanzar, al menos, el 0,4 por ciento plurianual del Producto Interior
Bruto (PIB), de la riqueza canaria (hoy 216 millones de euros), una
línea específica de apoyo a la juventud y el programa de fomento del
alquiler seguro.
“Mientras no se actúe con valentía, lo único que seguirá creciendo en
Canarias es la desigualdad y la exclusión residencial”, concluyó.