Hernández critica que se concentre un poder excepcional en el director
general, que se debilite el control del Parlamento y se ponga en riesgo
la información plural
La diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Carmen
Hernández, alertará mañana miércoles, en el pleno extraordinario del
Parlamento, de que la nueva ley de Radio Televisión Canaria (RTVC) pone
estos dos medios de comunicación públicos canarios al servicio del
presidente del Gobierno de las derechas y responsable de Coalición
Canaria, Fernando Clavijo. La autora de la enmienda a la totalidad del
grupo nacionalista progresista pedirá la devolución del Proyecto de Ley
(PL) de Ordenación del Servicio Público de Comunicación Audiovisual de
la Comunidad Autónoma de Canarias por tres razones fundamentales.
Hernández denunció la concentración de un poder excepcional en una sola
persona, el director general. También el debilitamiento del control del
Parlamento y que se ponga en riesgo una información plural e
independiente.
Tras terminar de analizar entre otros documentos el dictamen del Consejo
Consultivo de Canarias (CCC), que cuestiona de forma severa la
adecuación del PL a la Constitución y a la normativa europea, así como
las aportaciones de los profesionales del sector, Carmen Hernández
registró formalmente la enmienda a la totalidad al PL.
El texto impulsado por Clavijo, según NC-BC, “no garantiza la
independencia” funcional del servicio público de comunicación
audiovisual “ni refuerza la gobernanza democrática” de RTVC. Muy al
contrario, sostuvo Hernández que “normaliza excepciones, reduce los
contrapesos institucionales y concentra un poder desproporcionado en un
órgano unipersonal, el de la Dirección General”.
Para Carmen Hernández, el texto de Clavijo pretende “secuestrar la radio
y la televisión de todas las canarias y los canarios para ponerla a su
servicio”.
Mantuvo que el CCC advierte de la vulneración del artículo 20.3 de la
Constitución, del principio de seguridad jurídica y del Reglamento (UE)
2024/1083, que exige mandatos estables, independencia editorial y
protección frente a injerencias políticas en los medios públicos.
En este sentido, Carmen Hernández criticó la vinculación de los mandatos
de los órganos de gobierno de la RTVC al ciclo político de la
legislatura y la ausencia de garantías frente a ceses discrecionales.
Uno de los aspectos más preocupantes del proyecto, según Hernández, es
que “se sustituye de facto un modelo colegiado por un sistema
unipersonal”, al permitir que la Dirección General “asuma
indefinidamente” las competencias de la Junta de Control sin establecer
plazos obligatorios para su constitución. “Esto no corrige el bloqueo
institucional”, alegado por Clavijo para presentar esta nueva norma,
sino que “lo perpetúa”, afirmó la diputada canarista.
Nueva Canarias-BC considera “especialmente grave” que la ley “debilite
el control parlamentario, diluya la participación social y profesional y
elimine la garantía de órganos esenciales como los consejos
informativos, imprescindibles para salvaguardar la independencia
editorial y los derechos profesionales.”
Carmen Hernández subrayó que, en su petición de devolución del PL, se
incorpora una defensa expresa de los derechos laborales de los
trabajadores y trabajadoras de la RTVC, al advertir que la redacción de
la disposición adicional séptima abre la puerta a la subrogación
obligatoria del personal y a procesos de externalización que ponen en
riesgo la estabilidad laboral y la gestión pública directa del servicio.
Un medio público fuerte, en su opinión, necesita profesionales con
“derechos, seguridad y autonomía. Precarizar o externalizar a su
plantilla es debilitar la calidad informativa y la independencia del
servicio”. Reclamó que la legislación garantice la integración del
personal como propio del ente público y blinde el empleo frente a
decisiones políticas o mercantiles.
Hernández alertó además de la “ampliación injustificada” de las
competencias de contratación de la Dirección General, que podrá
autorizar contratos de hasta 1,5 millones de euros. Una cifra
“desproporcionada” en relación con el presupuesto del ente, y muy
superior a la de otros medios públicos de otras comunidades como Madrid
o RTVE. “Esta decisión revela un modelo de concentración de poder
económico y político incompatible con un servicio público democrático”,
recriminó.
La enmienda a la totalidad también se cuestiona la falta de garantías
para la producción audiovisual canaria, la elevada concentración de
contratación en un solo operador y la posibilidad de externalización de
servicios estratégicos, incluidos los informativos, sin blindajes
suficientes.
Para Hernández, la RTVC “no puede funcionar como un instrumento del
Gobierno de turno, sino como un servicio público al servicio de la
ciudadanía, del pluralismo político y de la cohesión territorial”. Por
ello, NC-BC defiende la devolución del proyecto de ley al Ejecutivo de
CC y el PP y la elaboración de una nueva norma basada en el “consenso
parlamentario, el respeto constitucional y al derecho europeo y la
participación real” de la sociedad y de los profesionales del sector.
“La información es un derecho fundamental y no puede quedar subordinada
a la lógica del poder ni de la del mercado, como tampoco de la urgencia
política. Sin medios públicos independientes no hay democracia de
calidad”, defendió la parlamentaria de NC-BC.