La parlamentaria afirma que más del 67 % del texto ratificado contiene medidas de la iniciativa legislativa alternativa de NC, censurada por el Gobierno de Clavijo
La portavoz parlamentaria en políticas de transporte de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Esther González, en el debate previo a la votación final de la modificación parcial de la ley del transporte por carretera, denunció con contundencia una “apropiación política en toda regla” por parte de los grupos del Gobierno de CC, el PP, la ASG y la AHÍ de las iniciativas de Nueva Canarias. González aseguró hoy que la Cámara aprobó las propuestas de NC-BC tras haber sido censuradas inicialmente. La diputada nacionalista indicó que, más del 67 % del texto ratificado, recoge las iniciativas contenidas en la enmienda a la totalidad con texto alternativo de Nueva Canarias, rechazadas por el Gobierno de las derechas de Fernando Clavijo.
Estos planteamientos fueron expuestos por Esther González antes de votar el dictamen de la modificación urgente de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, procedente del Decreto ley 6/2024, de 31 de julio.
“Hoy estamos de enhorabuena”, afirmó González con ironía, porque la Cámara aprueba, “como suyas, más del 67 % de las propuestas contenidas” en la enmienda a la totalidad que presentó Nueva Canarias y que CC, el PP, la ASG y la AHÍ tacharon de “innecesaria y oportunista”.
La diputada nacionalista lamentó la dinámica parlamentaria dominante, en el gabinete de Clavijo y los cuatro grupos que le apoyan, y que no es otra que un prejuicio automático hacia cualquier iniciativa que provenga de NC. “Hoy se confirma una gran verdad, si algo propone” NC-BC, “automáticamente es sospechoso…hasta que se lo apropian quienes antes lo rechazaban”, criticó.
Recordó que el origen de esta modificación legal proviene de un decreto ley, aprobado por el Ejecutivo a finales de julio del pasado año con carácter de urgencia, alegando la necesidad de adaptarse a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE). Sin embargo, González denunció que el texto introdujo cambios estructurales y restricciones al transporte sin el consenso del sector.
“Usaron el 0,01 % para justificar la urgencia y el 99 % restante para colar modificaciones encubiertas, como si fuera un caballo de Troya”, cuestionó. Además, criticó al consejero responsable, Pablo Rodríguez, por su trayectoria dudosa al incumplir en 2017 su compromiso de actualizar la norma, a negarse en 2023 y terminar en 2024 con un “parcheo parcial de una norma enferma, vieja y maltrecha, ignorando a los usuarios y actuando sin planificación ni valentía”.
Arremetió contra lo que los grupos gubernamentales calificaron como un “atentado ecológico” al intentar responsabilizar al transporte público ligero (27.000 unidades) del deterioro medioambiental de Canarias, cuando “hay más de 1.900.000” vehículos privados circulando cada día. Un “olímpico disparate”, mantuvo.
Ante este “dislate”, Esther González reaccionó con la presentación de la enmienda a la totalidad con un texto alternativo, “despreciado y denostado” en su momento por CC, el PP, la ASG y la AHÍ, pero cuyo contenido ha terminado impregnado el texto aprobado hoy. La diputada de NC-BC subrayó que su propuesta incluía “lo que este Gobierno ignoró”, como la figura del usuario, los criterios de movilidad sostenible “bien entendida y la modernización” de la ley, en base a los retos del siglo XXI.
Para Nueva Canarias, lo sucedido hoy en el pleno representa una “victoria” política y moral. “Hemos demostrado que nuestras propuestas eran válidas, necesarias y, como ha quedado patente, imprescindibles para sacar adelante un texto mínimamente coherente”.
Esther González concluyó su intervención con una solicitud al Ejecutivo de Clavijo para dejar atrás la “improvisación” legislativa y los “decretazos”. La diputada de NC-BC instó a los grupos del Ejecutivo a afrontar, “de una vez”, una reforma “integral y valiente” del sistema de transporte en Canarias. Ofreció el apoyo del grupo canarista siempre que se actúe con “transparencia, sin trampas y con voluntad de modernizar el servicio que se merece la ciudadanía”.