Carmen Hernández propone priorizar las islas con mayor emergencia
habitacional como son Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife
La parlamentaria de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) Carmen
Hernández valoró hoy que el consejero de Obras Públicas, Vivienda y
Movilidad del Gobierno, Pablo Rodríguez, recogiera su propuesta para
territorializar la bolsa de vivienda vacía para el alquiler. Hernández
propuso priorizar las zonas donde hay una mayor emergencia habitacional
como son Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife. La diputada del
grupo canarista planteó además que el programa gubernamental para impulsar
el arrendamiento de las residencias vacías ofrezca al propietario un precio
similar al del mercado para que sea atractivo, junto con otras medidas como
una póliza de seguro que garantice el cobro del alquiler y la devolución
del inmueble en perfecto estado.
En comisión parlamentaria, Carmen Hernández hizo comparecer al consejero
canario en la materia para analizar y debatir las acciones concretas para
fomentar el alquiler de las viviendas vacías, la medida “más inmediata”
para comenzar a rebajar las fuertes tensiones del mercado libre, indicó la
portavoz canarista. El pasado mes de abril, como citó la diputada de NC-BC,
Canarias se colocó a la cabeza del Estado en el precio junto con Catalunya
y Baleares.
Propuso que se priorice la entrada de un 10 por ciento de las 211.000
residencias vacías existentes, 20.000 hogares, en el programa en revisión
que el Gobierno pretende tener ultimado en verano.
Dado que en Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife es donde el
problema es mayor en orden al número de desahucios producidos, el consejero
Rodríguez recogió la iniciativa de la parlamentaria de NC-BC para priorizar
estas cuatro islas en la bolsa pública de vivienda vacía. Este programa,
tal y como observó Hernández, tiene que estar territorializado y es en esas
islas donde se deben captar más viviendas.
En opinión de la diputada, el anterior programa fracasó principalmente
porque el precio del arrendamiento ofertado por el Gobierno al dueño del
inmueble era más bajo que el del mercado libre. El importe debe ser
similar, expuso la diputada canarista.
Todo ello complementado con una política que garantice el pago, la
devolución del inmueble en perfecto estado y con la posibilidad de que el
contrato dure 10 años, tres más de los ideados por la consejería. Abogó por
explorar una medida “menos inmediata” como es subvencionar la
rehabilitación con fondos europeos para la inclusión de la residencia en la
citada bolsa pública.
Recordó que NC-BC fue “muy crítica” con el decreto ley de medidas urgentes
en materia de vivienda porque “no se centraba en lo urgente”, es decir, en
fomentar la vivienda protegida social destinada a familias con ingresos del
2,5 del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).
La citada norma, agregó, “no va a resolver lo que más nos urge”, responder
a la gente más vulnerable, a los 25.000 demandantes. El decreto, subrayó,
ha sido “absolutamente insuficiente” ya que “no se ha centrado” en fomentar
la construcción o la bolsa de vivienda vacía para alquileres más sociales.
Se ha perdido una oportunidad al rechazar los grupos del Gobierno (CC, PP,
la ASG y la AHÍ) que el mismo fuera tramitado como un proyecto de ley.
Tras referir la reunión mantenida esta semana en Fuerteventura con dos
colectivos, Alquiler Justo en Fuerteventura y SOS Vivienda Canarias, Carmen
Hernández explicó que “coincidimos todos en que necesitamos respuestas para
ya, no podemos esperar dos o tres años” a que se construya nueva vivienda.