NC-BC reclama al Gobierno canario un plan B para garantizar la continuidad de la gratuidad del transporte público interurbano desde el próximo 1 de enero
La parlamentaria de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) Esther González, en el debate hoy en comisión tras la presentación de los presupuestos de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad para 2024, rechazó la disminución de las partidas para la construcción y adquisición de viviendas y el encarecimiento de las mismas por el aumento fiscal aplicado por el Gobierno de CC y el PP a algunos materiales de la construcción. La diputada del grupo canarista reclamó al pacto de las derechas un plan B para garantizar la continuidad de la gratuidad del transporte público interurbano a partir del 1 de enero del próximo año.
Esther González criticó la reducción de 17 millones de euros en el área de vivienda, de otros 16,7 millones de euros en planificación y programación y los 25 millones de euros para el desarrollo de infraestructuras de carreteras.
Con respecto al Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), rechazó la decisión del Ejecutivo de reducir sus aportaciones en 17,3 millones de euros. En estas cuentas, avisó, “no se refleja” el compromiso para poner en el mercado viviendas de nueva construcción o por adquisición. Además, y gracias a la política fiscal de CC y el PP que ha producido un aumento en los materiales empleados, como la madera y el metal; Esther González denunció que la construcción de viviendas se encarecerá.
Cuestionó la disminución de 25 millones de euros en actuaciones de mejora en la seguridad en las carreteras al mismo tiempo que reprochó por insuficiente la consignación de 7, 2 millones de euros para promover la transformación de la flota privada, compuesta por 14.000 camiones y 4.350 guaguas.
En relación al transporte terrestre de viajeros, observó la existencia de 10 millones euros para para la bonificación de la gratuidad cuando el coste total son 81 millones de euros. La parlamentaria del grupo canarista progresista reclamó un plan B para el caso de que la Administración del Estado decida terminar con esta partida.