Esther González destaca la rigurosidad del plan canario de medidas para la lucha contra el fraude fiscal

La portavoz económica de NC en el Parlamento sostiene que una buena política tributaria contribuye a la justicia social, a la igualdad de oportunidades.

La portavoz económica de Nueva Canarias (NC) en el Parlamento, Esther González, destacó hoy, en comisión, la rigurosidad del plan canario para la lucha contra el fraude fiscal de la Agencia Tributaria, dependiente de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. González sostuvo que una buena política tributaria contribuye a la justicia social, a la igualdad de oportunidades de la ciudadanía canaria al contribuir a garantizar el acceso a los servicios públicos.

Tras la información ofrecida por la directora de la Agencia Tributaria Canaria (ATC), Raquel Peligero, sobre el plan de medidas para la prevención y lucha contra el fraude fiscal, gracias a una comparecencia solicitada por NC; Esther González resaltó la “calidad, rigurosidad y solvencia” del programa de actuaciones en vigor, aprobado en 2022 y con vigencia hasta 2024.

Entre los datos ofrecidos por la responsable de la ATC destacados por la portavoz económica de los nacionalistas progresistas, figuró el aumento del número de declaraciones presentadas en el periodo de voluntario desde 2019, que fueron 1.310.000, a noviembre del pasado año que crecieron hasta el 1.353.000.

En el mismo tiempo, las declaraciones mensuales de las grandes empresas aumentaron de las 18.249 a las 20.090. Las cuantías pasaron de 452 millones de euros a 516 millones de euros. En el grupo de entidades que declaran de forma consolidada, de las 254 declaraciones de 2019 se pasaron a las 296 de 2022. Crece de 4.600.000 euros a 55 millones de euros.

De las acciones directas realizadas por la ATC, Esther González refirió el incremento de 68 millones de euros a 129 millones de euros por la recaudación de ingresos inducidos, es decir, por las acciones de prevención y control realizadas.

También hizo hincapié en la “importante lacra” del fraude fiscal. La persecución del fraude, subrayó, debe ser un objetivo “prioritario de justicia social” para que garantice que todos los obligados tributen. “Que lo hagan bien, que paguen más los que más ganan o los que más tienen y, en el caso, de los impuestos indirectos, como el IGIC, que paguen más los que más consumen”, remarcó.

La parlamentaria de NC se interesó por las medidas y actuaciones aplicadas para perseguir el fraude fiscal. En concreto, si las medidas se refieren a la prevención o, por el contrario, al uso de acciones coercitivas además de los objetivos que permitan evaluar la eficacia de cada una de las acciones desarrolladas.