La portavoz económica afirma que el definitivo cierre del conflicto de carreteras muestra el “rigor y la responsabilidad” de los canaristas progresistas.
La portavoz económica de Nueva Canarias (NC) en el Parlamento, Esther González, elogió hoy la “regla” Nueva Canarias de “anteponer” la negociación y el diálogo para defender los derechos de la ciudadanía del Archipiélago, sea en tareas de Gobierno como en la oposición y con independencia del color político imperante en el Ejecutivo estatal. González destacó este modelo de entender y ejercer la política, basado en el rigor y en la responsabilidad con los intereses generales de la sociedad canaria, en la finalización del prolongado conflicto sobre los convenios de carreteras, iniciado con el “ministro Montoro del PP, que nos quitó la financiación”, y concluido con la “ministra Montero del PSOE, a pesar de sus reticencias a devolvernos lo que, por sentencias del Supremo, es nuestro”.
Este planteamiento de la diputada de los canaristas progresistas se produjo tras el acuerdo del Consejo de Ministros de ayer martes para autorizar la firma de la adenda al convenio de Carreteras para el periodo de 2018 a 2027 entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) y el Ejecutivo canario con el que se da por finiquitado el contencioso. Un acuerdo “justo” con el que, como aseguró Esther González, “nos devolverán” unos 1.000 millones de euros.
Valoró el trabajo desarrollado, “sin ruidos ni alharacas”, para la realización del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez que, suscribió el actual vicepresidente y consejero de Presupuestos, Hacienda y Asuntos Europeos, Román Rodríguez; en enero de 2020 en el Congreso de los Diputados en su condición de presidente NC, Román Rodríguez, y en presencia del congresista de los canaristas progresistas Pedro Quevedo.
Una agenda canaria que, entre otros compromisos, incluyó la resolución de los contenciosos de carreteras, causados en 2012 de forma “unilateral” por el Ejecutivo del PP de Mariano Rajoy al detraer los fondos comprometidos con el Archipiélago en esta materia.
Esther González recordó que, en esta agenda, se comprometió el “cumplimiento de las sentencias judiciales del Tribunal Supremo sobre el pago de la deuda relativa al incumplimiento, por parte del Ministerio de Fomento, del Convenio en materia de Carreteras 2006-2017. Respecto a las cantidades que no pudieron ser ejecutadas (407 millones de euros) por la CAC (Comunidad Autónoma de Canarias) del citado convenio, por carecer de financiación para su realización, se negociará su adición, de forma plurianual, al Convenio de Carreteras 2018-2027, suscrito entre la AGE (Administración General del Estado) y la CAC”.
Su realización, agregó, comenzó con una enmienda de NC a la ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, donde se incluyeron los primeros 100 millones de euros de los 500,37 millones de euros adeudados de la sentencia favorable del Supremo, correspondientes a la obra conveniada y ejecutada con recursos propios de la comunidad.
En la ley presupuestaria estatal de 2022, también por las negociaciones con el gabinete de Sánchez para recabar el apoyo de NC, la portavoz económica dijo que se incluyó otra partida de 200 millones de euros. Faltaban otros 200 millones de euros, más los intereses correspondientes, de la anualidad de 2023 para el cumplimiento total de la sentencia que ya están encauzados vía presupuestaría, subrayó.
La segunda parte restante del acuerdo comprometido NC y el PSOE, el de los 407 millones de euros del actual convenio que no se ejecutaron y que se incorporarán a las anualidades de 2026 y 2027, “también se ha resuelto”. De esta manera se recuperan los 1.000 millones de euros “detraídos” por el PP, “ganados” en el Tribunal Supremo por las denuncias interpuestas por el Ejecutivo de Paulino Rivero y “recuperados” gracias a la negociación del Gobierno canario de progreso de la X Legislatura.
Frente a la estrategia de la confrontación ejercida por el Ejecutivo de Fernando Clavijo que, en 2017, 2018 y 2019 “no logró solucionar” esta disputa con la Administración del Estado, Nueva Canarias ha vuelto a evidenciar su “regla de anteponer el diálogo y la negociación” en la defensa de los derechos de todas las canarios y los canarios.