Esther González añade otras enmiendas aceptadas por la ponencia sobre los planes de movilidad, en materia presupuestaria y sancionadora.
La ponente del grupo parlamentario de Nueva Canarias (NC) en el Proyecto de Ley (PL) de Cambio Climático y Transición Energética, Esther González, destacó hoy las mejoras introducidas con las enmiendas de los grupos del pacto vinculadas con el planeamiento urbanístico, los planes de movilidad, en materia presupuestaria y sancionadora. La parlamentaria de NC explicó que los trabajos de la ponencia están a punto de finalizar y que la aprobación definitiva del proyecto de ley por el pleno puede producirse antes de que finalice este año.
El informe de la ponencia del proyecto de ley en elaboración, según explicó Esther González, incorporará unas modificaciones sobre los criterios para la integración del cambio climático en los instrumentos de planeamiento urbanístico.
Recogida esta temática en el Título III, denominado Integración del Cambio Climático en las Políticas Administrativas Territoriales y Sectoriales, la propuesta alternativa aceptada y defendida por González y el segundo ponente de NC, Luis Campos; especifica que el planeamiento que inicie su elaboración, tras la entrada en vigor de la nueva norma para la transición energética, tiene que incluir la perspectiva climática contenida en la misma.
Sin embargo, los procedimientos en tramitación de los instrumentos de ordenación ambiental, de los recursos naturales, territorial, urbanística y sectorial continuarán. En el momento que se haga una modificación sustancial del planeamiento, se incorporarán las exigencias de la ley climática, explicó la ponente de los canaristas progresistas.
El tercer caso se refiere a los planes ya en vigor, que se mantendrán como están. Este, como los anteriores señalados, incluirán las exigencias de la nueva ley cuando se proceda a una reforma sustancial.
González otorgó un significado especial a esta enmienda ya que, con la misma, se evita la paralización de los planes urbanísticos para su adaptación a la nueva legislación en un momento, como el actual, donde la economía de las islas se recupera a buen ritmo de los efectos de la pandemia, la erupción volcánica de La Palma y la crisis inflacionista.
Otra revisión realizada, según la ponente de NC, se refiere a la movilidad sostenible en los grandes centros generadores de movilidad públicos y privados, regulado en el artículo 47 del PL. En la propuesta gubernamental, se asigna a los ayuntamientos la responsabilidad subsidiaria, la elaboración y la financiación cuando, en el caso de los privados, no exista un responsable de la gestión del centro. La enmienda admitida especifica que los ayuntamientos se encargarán de la coordinación. De esta manera se evita sobrecargar a las administraciones municipales, observó Esther González.
En relación a las medidas en materia presupuestaria del Capítulo II, la ponencia ha decidido que las administraciones públicas y los privados se fijen, “como reto de inversión”, llegar a 2025 al 2% del Producto Interior Bruto canario, “entre todos” públicos y privados, subrayó la diputada de Nueva Canarias.
La última mejora apoyada por los grupos hace referencia al régimen de sanciones, tipificadas como leves, graves y muy graves. La novedad estriba en la cuantía de las multas que quedan entre 600 euros a 6.000 euros, las leves. Las graves se mueven en la horquilla de 6.001 euros a 150.000 euros y las últimas, entre 150.001 euros a 600.000 euros. Se suprime además el apartado relativo a las sanciones previstas para los casos en los que la imposición de las multas previstas no permita que la sanción cumpla la función de prevención que le es propia.
Esther González estimó que la ponencia puede terminar de elaborar el informe en una o dos reuniones como máximo. Estas previsiones, según la ponente de NC, hacen posible que, antes de que finalice 2022, se reúna la comisión para evacuar el dictamen que, con posterioridad, aprobará definitivamente el pleno de la Cámara.