Román Rodríguez defiende el acuerdo del Parlamento, impulsado por NC-BC, sobre la quita de la deuda y ofrece las bases para una propuesta de nueva financiación autonómica
El presidente de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Román Rodríguez, reclamó hoy al gabinete presidido por Fernando Clavijo que, en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y dada la sensibilidad de los asuntos a tratar, represente y defienda los derechos de Canarias en lugar de volver a cometer el error de situar al Archipiélago como una comunidad del PP en su confrontación con el Ejecutivo estatal. Rodríguez consideró que, en la cita del próximo mes de julio, las islas deben defender el acuerdo del Parlamento, impulsado por el grupo canarista progresista, sobre la quita de la deuda al mismo tiempo que ofreció las bases para una propuesta sobre la reforma del sistema de financiación.
El planteamiento del presidente de NC-BC fue realizado tras anunciar la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, una reunión del CPFF el próximo mes de julio para aprobar los objetivos de estabilidad necesarios para elaborar los presupuestos estatales y del resto de los territorios para 2025.
Una cita que, en opinión de Román Rodríguez, no podrá eludir la discusión abierta sobre el “singular” sistema de financiación para Catalunya anunciado por el presidente, Pedro Sánchez, y los efectos que pudiera tener para el resto de las comunidades de régimen común, que son todas menos Euskadi y Navarra.
Ante la trascendencia de los asuntos a tratar, el líder de Nueva Canarias-BC entiende que el Gobierno canario no debe cometer el error de la última cita del CPFF, celebrado el pasado mes de diciembre.
Se refirió a que las 12 comunidades en manos del PP, incluida Canarias, usaron el consejo como un “campo de batalla” contra el Gobierno del Estado. Rodríguez recordó que la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, “no participó” en nombre de Canarias sino del PP, lo que hizo que metiera a la comunidad, por razones partidistas, en la “refriega” que mantienen las dos principales formaciones políticas en las Cortes Generales.
Incluso, observó el responsable canarista, votó en contra de los recursos del sistema de financiación autonómica que le correspondían a Canarias, superiores en 224,1 millones de euros a los ingresos presupuestados por este concepto en el propio proyecto de ley presupuestos para 2024 elaborado por el Gobierno de Canarias.
En la ley orgánica 8/1980 que regula el sistema de financiación autonómica y en la Ley 22/2009 de Financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común, según explicó, “tenemos una regulación especial” y la asignación de los recursos, tal y como puntualizó el presidente del canarismo, se debe realizar respetando el Régimen Económico y Fiscal (REF).
Este argumento, junto con la decisión adoptada por el Parlamento de Canarias a finales del pasado mes de febrero sobre la condonación parcial de la deuda pública, para NC-BC son las dos razones que obligan a Canarias a negociar de forma singular.
Con respecto a la deuda, defendió el valor de la proposición no de ley, impulsada por el grupo canarista y apoyada por los grupos de CC, el PP, la ASG y la AHÍ tras aceptar una enmienda de los mismos. El acuerdo, indicó, insta al Ejecutivo canario a “defender ante el Gobierno de España una condonación de la deuda viva de la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC) equivalente a 1.980 euros por habitante ajustado del año 2021, lo que supone una reducción de su deuda de 4.385 millones de euros”.
Añade que “el criterio de deuda por habitante ajustado debe ser el mínimo que le debe corresponder a la CAC, sin menoscabo de que en las negociaciones que se van a producir entre el Ministerio de Hacienda con el Gobierno de Canarias se concluyera el uso de otros criterios objetivos y razonables para cuantificar el importe de la condonación de la deuda que supusiera una mayor cantidad en el valor de la quita”.
Además, Román Rodríguez ofreció las bases para una propuesta de NC-BC sobre la reforma del sistema de financiación autonómica. El nuevo modelo tiene que “respetar” la separación de los recursos fiscales del REF, como ampara el artículo 166.3 del Estatuto de Autonomía de Canarias de 2018, que el criterio de la insularidad al menos mantenga su peso actual en la distribución de los recursos y que se incluya como nuevo criterio el nivel de pobreza con una ponderación adecuada.