Los canaristas señalan la falta de voluntad del grupo de gobierno de CC y PP de conocer e informar de las principales medidas del decreto y su impacto en el territorio y en las competencias insulares y municipales
“Lanzarote necesita una estrategia realista y eficaz a favor del derecho a la vivienda”, argumenta Yoné Caraballo
La organización política Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) en Lanzarote y La Graciosa ve incomprensible la ausencia del Cabildo de Lanzarote en la Comisión General de Cabildos Insulares celebrada el pasado jueves 7 de marzo, que tenía por objeto dar a conocer el Decreto Ley del Gobierno de Canarias de medidas urgentes en materia de vivienda y la opinión del mismo de los representantes de los gobiernos de las siete islas.
Para Yoné Caraballo, presidente insular de NC-BC, “es injustificable que Lanzarote se ausente de un debate tan importante como el de la vivienda con el gran problema que soportamos los residentes de la isla, con precios de los alquileres inalcanzables y la proliferación de grandes tenedores inmobiliarios que especulan con este derecho”. Además, prosigue el máximo responsable de los canaristas en Lanzarote, “es responsabilidad del Cabildo de Lanzarote estar presente en esta comisión y trasladar a la sociedad lanzaroteña los acuerdos y las normativas que se planteen en la misma, más si afecta tan directamente al territorio y a las competencias de ayuntamientos y cabildos”.
Y es que para los canaristas lanzaroteños este nuevo decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda se presenta con “muchas dudas y sombras”, dado que abre la puerta a la especulación inmobiliaria, interviene de facto en el planeamiento y pone en una situación complicada a los ayuntamientos y cabildos al incidir en sus competencias.
“Como bien dijo la representante del Cabildo de Fuerteventura, este decreto asusta por la poca claridad que mantiene y por aspectos tan fundamentales como el uso del suelo o la habilitación del silencio administrativo positivo en los proyectos que se presenten en los ayuntamientos, que puede dar cabida a pelotazos urbanísticos”, mantiene Caraballo, que ve preocupante que este decreto vaya en contra del territorio, el paisaje y del interés general de la isla de Lanzarote.
Así, NC-BC exige al Cabildo de Lanzarote que coordine una mesa de trabajo con los diferentes Ayuntamientos de la isla, sociedad civil y Gobierno de Canarias para estudiar y aterrizar el decreto ley a la realidad de Lanzarote y evaluar el impacto que tendrá en la isla, dado que la Consejería de Vivienda convocó a los ayuntamientos el 1 de marzo a una reunión en el Cabildo que se suspendió.
“Hubiese tenido un pase que el Cabildo de Lanzarote se ausentara de la comisión si previamente se hubiera llevado a cabo la reunión prevista para el 1 de marzo, pero es que ni se llevó a cabo ni se presentó al posterior debate”, apunta Yoné Caraballo.
“Mucho nos tememos que el gobierno conservador de CC y PP ha utilizado el problema de la vivienda para organizar por la puerta de atrás una vuelta a la especulación y a la ley de la selva en detrimento del territorio y el planeamiento”, argumenta Caraballo, que señala que “Lanzarote necesita una estrategia realista y eficaz a favor del derecho a la vivienda, es decir, una ley que garantice a nuestra gente ese bien vital”.