Carmen Hernández apuesta por ejecutar el plan canario y exigir a Madrid y
la UE una norma específica para Canarias como RUP que impida la compra
especulativa de los extranjeros
Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) propone al Gobierno y a los grupos
parlamentarios que se incentive el alquiler de las viviendas vacías con
medidas económicas y garantías jurídicas para los propietarios. Para el
grupo canarista, se trata de una iniciativa con la que poner de nuevo en el
mercado y de forma rápida, al menos, el 10 por ciento de las más de 211.000
residencias vacías existentes en el Archipiélago para comenzar a responder
a la emergencia habitacional. Los canaristas progresistas pretenden así
cubrir algunas de las carencias detectadas en el decreto ley del Ejecutivo
de las derechas canarias. También con una apuesta decidida para ejecutar el
plan canario vigente hasta 2025 que prevé cerca de 6.000 residencias
públicas y la exigencia al Ejecutivo estatal y la Unión Europea (UE) de una
normativa específica para Canarias, en su condición de Región
Ultraperiférica (RUP), que impida la compra especulativa de los
extranjeros. La portavoz parlamentaria en la materia, Carmen Hernández,
complementó estás medidas con la regulación de la vivienda vacacional para
evitar que la población canaria residente sea expulsada de los barrios.
Con el decreto ley aprobado y la necesidad, para NC-BC, de que sea
tramitado en la Cámara como un proyecto de ley para presentar propuestas de
mejora, Carmen Hernández interpelará mañana martes, en el pleno, al
consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, para
“saber cómo va a cumplir su compromiso” de que las familias canarias
accederán a una vivienda digna.
La parlamentaria canarista se hizo esta pregunta ante algunas importantes
carencias y distorsiones detectadas en el decreto ley, que “se supone”
contempla medidas urgentes ya que declara la “más que justificada”
emergencia habitacional. Hernández denunció la ausencia de medidas
“inmediatas” que garanticen el acceso a una residencia, ya sea pública
donde constan 25.159 demandantes que optan en un 80 por ciento por el
arrendamiento y en el mercado libre de compra y alquiler de imposible
acceso para los jóvenes, familias vulnerables y rentas medias.
NC-BC propone que se incentive ya, sin perder tiempo, el alquiler de, al
menos, el 10 por ciento de las más de 211.000 unidades vacías que hay
Canarias. Serían incentivos públicos, remarcó la portavoz canarista, que
contengan garantías jurídicas y económicas para los propietarios.
A la apuesta del decreto gubernamental por la promoción de residencias
protegidas privadas que “deja sin aclarar” cuántas serán para arrendar y
para comprar, Hernández detecta una “ausencia” de propuestas “ambiciosas”
para, “de manera rápida”, construir vivienda pública y social. Por ello,
apostó por priorizar la ejecución del plan canario en vigor mediante el
impulso de las licitaciones preparadas, el seguimiento de las que están en
construcción, la agilización de la redacción de los proyectos gestionados
con fondos europeos, la modernización del Instituto Canario de la Vivienda
(Icavi) y su coordinación con Viviendas Sociales e Infraestructuras
Canarias (Visocan).
También la importancia de trabajar junto con los ayuntamientos y los
cabildos y sus empresas públicas o consorcios especializados en materia de
vivienda, fomentar la gestión de los planes de emergencia social a través
del programa Canarias Pro Hogar y de la vivienda colaborativa.
Para Hernández otra de las medidas relevantes pasa por regular la vivienda
vacacional en las zonas turísticas y grandes núcleos urbanos,
principalmente, para que la población residente no sea expulsada de los
barrios. Al igual que la exigencia a Madrid y Bruselas de una normativa
específica una normativa específica para Canarias, por su condición RUP y
en base a la jurisprudencia existente, que impida la compra de viviendas
por extranjeros con fines especulativos.
A la falta de transparencia y participación, salvo la de los constructores,
en la elaboración del decreto ley que modifica la ley de vivienda, la del
suelo y la turística; NC-BC cuestiona la conversión de los locales
comerciales y oficinas en residencias, así como del suelo rústico y el
dotacional para los servicios públicos (sanitarios y educativos, entre los
principales) con los mismos fines.
Carmen Hernández afirmó que, con las iniciativas de NC-BC, se trata de
aportar una estrategia “realista y eficaz a favor del derecho
constitucional y estatutario del acceso a la vivienda. Lo que no
necesitamos es aumentar la especulación inmobiliaria ni el negocio. Más
viviendas sociales y más residencias a precios asequibles para la mayoría
social”.
