NC-BC afirma que los “insultantes” beneficios de la gran banca justifican la continuidad del impuesto

Román Rodríguez se muestra partidario de intensificar el tributo ya que son
ganancias obtenidas a costa de los trabajadores, las pymes y las rentas
medias

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) sostuvo hoy que los “insultantes”
beneficios de la gran banca en 2023 justifican la continuidad e
intensificación del impuesto extraordinario fijado por el Gobierno estatal
y cuya vigencia finaliza este año. El presidente de NC-BC, Román Rodríguez,
subrayó que estas ganancias se obtienen a costa de los trabajadores, las
pequeñas y medianas empresas (pymes) y las rentas medias cuando los
créditos son los más caros de Europa y los depósitos y ahorros están
escasamente remunerados.

La cifra récord de beneficios obtenidos en el ejercicio económico del
pasado año, más de 26.000 millones de euros después de pagar unos 1.200
millones de euros por el nuevo impuesto a la banca, para el canarismo de
progresos, es “insultante”.

Más grosero se vuelve este aumento del 27 por ciento con respecto a 2022,
según NC-BC, cuando han sido obtenidos a costa de los trabajadores, las
pymes y las rentas medias al mismo tiempo que se ofrecen los créditos más
caros de Europa, se intensifica el esfuerzo de las familias y trabajadores
para hacer frente a los préstamos hipotecarios y los depósitos y ahorros de
la mayoría social están escasamente remunerados. Además del importante
deterioro de los servicios prestados que afecta, en mayor medida, a las
personas mayores, el mundo rural y las personas más necesitadas.

Román Rodríguez se mostró categórico al afirmar que hay razones más que
suficientes, “no solo para mantener” el impuesto extraordinario a la banca,
cuya vigencia termina en 2024; sino para que “se intensifique y se vuelva
permanente”.

Este sector, agregó el presidente de NC-BC, tiene que contribuir al
mantenimiento del Estado del bienestar y a garantizar los servicios
públicos esenciales. Entre otras razones, tal y como indicó, por haber
recibido, en la crisis financiera de 2008, más de 60.000 millones de euros
de fondos públicos que aún no han sido devueltos.