Santana afirma que los recortes en políticas de Igualdad y contra la violencia de género equiparan al Gobierno de CC y el PP con los ejecutivos de la extrema derecha en el Estado
La diputada del canarismo progresista Natalia Santana denunció que los presupuestos para 2024 de Bienestar Social, uno de los “pilares” del estado del bienestar y de la justicia social, incumplen la Ley de Servicios Sociales de Canarias y abandonan a las familias y personas más vulnerables del Archipiélago. La parlamentaria de NC-BC consideró insuficiente el aumento para el despliegue de la Renta de Ciudadanía y para la atención a las personas dependientes. Criticó la congelación de las partidas para la atención de las personas con discapacidad y los recortes en políticas destinadas a los menores y la familia, incluidos los migrantes no acompañados. Como “inadmisible” calificó la reducción de las transferencias en políticas de Igualdad y contra la violencia de género, que equiparan al Gobierno de CC y el PP con los ejecutivos integrados por la extrema derecha en otras comunidades del Estado.
El proyecto de presupuestos de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, debatido hoy en comisión, “incumplen con las necesidades” de la ciudadanía en materia de derechos sociales y tampoco sirven para atender a quienes “peor lo pasan”, según Natalia Santana.
Una denuncia que queda demostrada, para NC-BC, en que el aumento total de las transferencias para este departamento es de 32,2 millones de euros, por debajo de los 55 millones de euros exigidos por la Ley de Servicios Sociales de Canarias y solo un 2,8 por ciento de los 1.121 millones de euros de gasto total del proyecto de ley, un 11 por ciento.
Una “tremenda decepción” que este proyecto presupuestario provenga de una “fiel defensora (la consejera responsable en la materia, Candelaria Delgado)”, en su actividad profesional, de los servicios sociales. Un sentimiento de insatisfacción expresado por Santana que se agudizó al denunciar que además ha empleado una técnica “engañosa”, como es la inclusión de los fondos del Estado que aún se desconocen. Un intento de “disfrazar” la realidad, censuró la parlamentaria de NC-BC.
Se rompe, avisó Santana, con la tendencia del pacto de progreso de la pasada legislatura, que realizó una “fuerte” apuesta en esta materia al elevar los fondos cada año. En el último ejercicio, el actual de 2023, supuso un aumento de 90 millones de euros con respecto a 2022.
Para la diputada canarista, estos presupuestos son un “atentado contra lo público y la clara evidencia” de que, en la hoja de ruta de CC y el PP, no están los derechos sociales ni la justicia social, como tampoco la educación y otras políticas claves, como el empleo.
Los incrementos en la atención a personas dependientes (un 14,59%) y para la Renta Canaria Ciudadanía (siete millones de euros) son “insuficientes”, denunció Natalia Santana, mientras que el resto de programas sufren “recortes o mantienen” las transferencias de 2023.
Con respecto a la discapacidad y tras recordar las previsiones de la propia consejería de llegar próximamente a las 150.000 personas con sus derechos reconocidos, Santana cuestionó que la cantidad asignada sea la misma que este año.
En cuanto a la prevención e intervención en el área del menor y la familia, recriminó el retroceso de un 10,96%. De 83 millones de euros en 2023 a 74 millones de euros en 2024. Citó algunas políticas relevantes afectadas como las destinadas al acogimiento familiar. “Si hay algo importante en nuestra tierra, si algo debe ser una prioridad en cualquier tipo de política del color que sea, es la protección a la infancia”, proclamó la diputada de NC-BC.
Lo que no admite explicación alguna para el canarismo de progreso son los recortes en las políticas que garantizan la igualdad entre los géneros, la seguridad y el bienestar de las mujeres víctimas de la violencia machista, como expuso Santana. “A poco se han quedado” CC y el PP de los gobiernos “ultraconservadores de PP y Vox” en Castilla y León, Valencia y Extremadura, acusó.
Con un incremento de mujeres agredidas de un 40 por ciento, según los datos del pasado mes de septiembre. Con un aumento de la violencia machista cuatro veces más que en el resto del Estado y con cinco mujeres asesinadas en las islas hasta este momento, Natalia Santana censuró el recorte de un 5,29 por ciento al Instituto Canario de Igualdad.
“Inadmisible” que la partida para la promoción de la igualdad de oportunidades para las mujeres se reduzca casi en un millón de euros y que las ayudas a las mujeres víctimas de violencia de género con especiales dificultades para obtener empleo pase de un millón y medio de euros a 700.000 euros. Un 50 por ciento de tijeretazo que, como avisó, también se aplica al fondo canario de emergencia social para mujeres víctimas de violencia de género. Pasa de 840.000 euros a 390.000 euros.
Tampoco es comprensible, añadió, que la partida para los menores extranjeros no acompañados se reduzca un 44,13 por ciento. Preguntó a Candelaria Delgado, cómo piensa responder a las responsabilidades de la comunidad con los menores. Una decisión que obvia que ya se han superado, en estos momentos, las cifras más importantes de llegadas de embarcaciones a las costas canarias procedentes de África de 2006.