Esther González insta a Educación a cumplir el acuerdo del Consejo de Gobierno sobre el transporte escolar

La portavoz económica de NC en el Parlamento anima a la consejería a utilizar los presupuestos de 2023 para saldar una deuda histórica.

La portavoz económica de Nueva Canarias (NC) en el Parlamento, Esther González, instó hoy a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes a cumplir el acuerdo del Consejo de Gobierno de marzo de 2022 para la “actualización económica pendiente y el pago de la deuda histórica” a las empresas del transporte escolar. González animó a este departamento gubernamental a utilizar sus presupuestos de 2023 para saldar ambas cuestiones, que se arrastran desde 2011, y evitar así un nuevo paro patronal.  La parlamentaria de los canaristas progresistas propuso que el pago se haga antes del próximo 31 de marzo.

Esther González recordó que, a finales de abril del pasado año, solicitó la comparecencia, en pleno, de la titular en la materia Manuela Armas para exponer el problema arrastrado por los transportistas desde hace 12 años, buscar una solución y resolver la deuda al solicitar que se diera cumplimiento al mandato acordado, en marzo de 2022, por el Consejo de Gobierno.

Un acuerdo relativo a dos tipos de medidas de apoyo al sector, tal y como explicó. La primera correspondió a la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos de Román Rodríguez para la reducción del impuesto especial sobre combustibles para los transportistas, operativa en el momento de la citada comparecencia.

La segunda, relativa al cumplimiento de la “actualización económica pendiente y el pago de la deuda histórica”, concernía gestionar a Educación, observó la portavoz económica de NC. Transcurridos 10 meses desde el mandato dado por el Consejo de Gobierno, González lamentó que el problema “no se haya solventado” a pesar de que esta consejería dispone de los fondos necesarios en sus presupuestos para el actual ejercicio económico.

Afirmó que es uno de los ramos que más han sufrido las consecuencias de la crisis del coronavirus y la actual de la inflación. Un momento complicado para un sector que, como señaló, realiza unas 1.500 rutas diarias con las que trasladan a más de 37.000 estudiantes a sus centros educativos.

El retraso de la consejería en abonar nueve millones de euros a las empresas, correspondientes a dos tercios de los 14 millones de euros adeudados al dejar de aplicar entre 2012 y julio 2022 la cláusula que obliga a actualizar anualmente los contratos en base al IPC, les ha colocado en una situación “límite”, en opinión de una diputada con un amplio conocimiento en la materia. 

Esther González mantuvo que es necesario que la liquidación se haga a precios actualizados de 2023. Instó a Educación a “aprovechar” el presupuesto de este año para cumplir los compromisos adoptados con los transportistas, pagarles el primer trimestre de 2023 y poner fin a un conflicto arrastrado desde la legislatura de 2011 a 2015.