El cuarto Presupuesto de la Comunidad Canaria de esta legislatura confirma la apuesta progresista y social del Gobierno de Canarias en un periodo muy duro marcado por los incendios forestales, la pandemia de la Covid 19 con sus efectos sanitarios y económicos, la erupción del volcán de La Palma, la invasión de Ucrania y la elevada inflación que está afectando a la economía mundial. Lo hacemos desde un Ejecutivo que ha aportado estabilidad y que ha mostrado su compromiso permanente con los servicios públicos, con las personas y con los sectores económicos. Estas cuentas públicas para el próximo año, que crecen un 11,9%, fortalecen la sanidad, la educación y la dependencia, apoyan a los sectores económicos y apuestan por la inversión; incluyen una rebaja fiscal selectiva en el IRPF para aliviar el impacto de la inflación en las rentas bajas y medias; y consignan 160 millones de euros para continuar las tareas de reconstrucción de La Palma.
Estos Presupuestos se inscriben en un escenario económico global de enormes incertidumbres y elevados riesgos, marcado por la evolución de la guerra en Ucrania, el incremento de los precios de las materias primas, la ruptura en las cadenas de suministros globales, la devaluación de las divisas y el incremento de los tipos de interés.
Con relación a los ingresos más importantes, destaca un incremento del 23,4% de las partidas asociadas al Sistema de Financiación Autonómica. Respecto a los ingresos tributarios que gestiona la Comunidad Canaria (impuestos cedidos, propios y del REF) se espera un aumento del 15,8% sobre lo presupuestado inicialmente este año, aunque ese crecimiento es inferior un 4% en relación con la previsión de ejecución de 2022.
El presupuesto para 2023 inicia ahora su periodo de debate y enmiendas en el Parlamento canario, con el objetivo de que pueda ser aprobado por la Cámara el próximo mes de diciembre. Se trata de unas cuentas públicas expansivas que alcanzan los 10.180 millones de euros, es decir, un 11,9% más que las de 2022. Unas cuentas que refuerzan las respuestas progresistas frente a las crisis.
Sanidad, educación y derechos sociales
Son unos presupuestos plenamente sociales, en los que se transfiere renta –directa o indirectamente– a quienes más la necesitan. En los que el gasto social asciende a 7.478 millones de euros, un aumento del 9,46% con relación a 2022; y que se eleva hasta un 31,2% si lo comparamos con el inicial del año 2019 (5.699 millones). Esto se traduce en el notable incremento del Servicio Canario de Salud (SCS), que gestionará 3.793 millones de euros (331,7 millones más que este año), lo que supone un incremento del 9,5%. Mientras que Educación crece un 8,8% para situarse en los 2.326 millones de euros.
Es muy significativo, además, el crecimiento que experimenta el departamento de Derechos Sociales, tanto en términos relativos como absolutos. Las partidas para atender a la ciudadanía más vulnerable del Archipiélago suben 89 millones de euros, un 15,3%, para situarse en los 669 millones. Por tanto, Derechos Sociales habrá incrementado en 2023 su presupuesto en 207 millones con respecto a 2019, es decir un 45%.
Las inversiones alcanzarán el año próximo los 1.764 millones de euros, 377 millones más que en el actual ejercicio, un incremento del 27,1%; y las políticas de apoyo a los distintos sectores productivos del Archipiélago aparecen dotadas con 395 millones. El departamento de Transición ecológica aumenta un 20,71%, y Economía un 19,1%. Turismo, Industria y Comercio alcanza los 173,4 millones, con un alza del 16,9%; mientras que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca crece en 20,9 millones, un aumento del 16,2%. Por su parte, las Corporaciones Locales ven incrementadas las transferencias por importe de 125,6 millones de euros lo que supone un crecimiento próximo al 19%.
En personal, el incremento, un 8,48%, responde a la subida salarial y de las cotizaciones de los empleados públicos decidida por el Gobierno central, y de obligado cumplimiento en las comunidades. Así como a la consolidación de las plazas docentes y parte de las sanitarias generadas durante la pandemia de la Covid 19. Los integrantes del Consejo de Gobierno mantendrán congeladas sus remuneraciones en 2023.
Estas cuentas dan continuidad al despliegue de recursos públicos realizado en el último año para las tareas de reconstrucción de La Palma. A las medidas de carácter tributario –aplicando el tipo cero del IGIC a los bienes y servicios destinados a reparar y reactivar cualquier actividad económica cuyas instalaciones se hayan visto afectadas por la erupción del volcán y rebajando, además, otros impuestos en la isla–, que se mantienen en todos sus términos, las cuentas reservan –al igual que ya se hizo en este ejercicio- la habilitación de crédito por 100 millones de euros, a la que suma una nominación de gastos adicionales por 60 millones, lo que hace un total de 160 millones de euros.
Modificaciones IRPF
Por otra parte, los Presupuestos responden, también, a los efectos de la elevada inflación que padecemos y que afecta gravemente a familias, empresas y administraciones, incorporando nuevas medidas a las que ya veníamos implementando. Con la inclusión de un conjunto de modificaciones del IRPF, con un coste de 100 millones de euros para las arcas públicas, y que supondrá un ahorro medio de 105 euros para los 954.521 contribuyentes de las Islas: el doble que en Madrid y en Andalucía y, además, discriminando a favor de las rentas medias y bajas. Como corresponde a un Ejecutivo de progreso, esas modificaciones fiscales ni beneficiarán a los más ricos, como hace la derecha sin el menor disimulo en otras comunidades autónomas, ni son lineales. Y, asimismo, no aprovechamos este debate para quitar impuestos a los millonarios, como han hecho en otras comunidades.
Las medidas recogidas para paliar la escalada inflacionista incluyen tres componentes. Por un lado, la deducción extraordinaria por incremento de precios será de 225 euros para bases imponibles de hasta 20.000 euros (23.300 euros de salario bruto); 175 euros para bases de entre 20.000 y 25.000 euros (28.700 euros de salario bruto) y menor, 125 euros, para las bases de entre 25.000 y 30.000 euros (34.000 euros de salario bruto). Por otro, se establece un ajuste de la escala autonómica hasta un 4,5% de forma progresiva, para las bases liquidables hasta 53.407,21 euros. Con este fin, los cuatro primeros tramos de la escala de gravamen se ajustan, respectivamente, en un 4,5%, 4,3%, 4% y 3,5%. Y, en tercer lugar, una mejora en quince de las actuales deducciones, de las cuales trece se incrementan un 20% y dos lo hacen un 40%; estas últimas son para el pago de cuotas hipotecarias y para obras en vivienda por discapacidad.
La deducción extraordinaria beneficiará al 85% de los contribuyentes de Canarias; el ajuste de los tramos de la tarifa autonómica, al 95%; y el incremento de las deducciones, al 35%. Todas estas medidas tienen efecto a 1 de enero de 2022, por lo que se verán reflejadas cuando se lleve cabo la declaración de la renta en el segundo trimestre del próximo año.
En definitiva, las cuentas públicas canarias para el año 2023 confirman el trabajo realizado por el Gobierno de Progreso a lo largo de esta legislatura, desde el compromiso social y el rigor presupuestario; rebajando impuestos de forma puntual y selectiva, así como reduciendo la deuda. Reafirmando sus políticas dirigidas al fortalecimiento de los servicios públicos esenciales y el apoyo a las personas más vulnerables, la defensa de la mayoría social del Archipiélago y la promoción de la economía y el empleo mediante las partidas destinadas a los sectores productivos y el incremento de la inversión pública. En suma, una respuesta frente a las crisis actuales, favorable a la mayoría social y económica, diametralmente distinta a la dada a las crisis anteriores gestionadas por las fuerzas políticas conservadoras.