Carmen Hernández asegura que el apoyo a la tramitación del proyecto de ley refleja el compromiso de Nueva Canarias para combatir la exclusión social.
Nueva Canarias (NC) apoyó hoy el inicio de la tramitación del Proyecto de Ley (PL) de la Renta de Ciudadanía de Canarias (RCC) al considerar que el Archipiélago alcanza un hito histórico al dotarse de una prestación social y económica estable, que ayudará a vivir con dignidad a las personas más vulnerables de las islas, unas 40.000 personas cuando se despliegue en su totalidad. La portavoz parlamentaria en la materia, Carmen Hernández, aseguró que el voto favorable de los canaristas progresistas a una de las normas más relevantes de la X Legislatura refleja el compromiso de NC para combatir la pobreza y la exclusión social.
En el debate de primera lectura del PL, Carmen Hernández enfatizó el valor de esta iniciativa con la afirmación de que es una “renta para vivir con dignidad”, dirigida a las personas que “peor lo pasan” en la sociedad canaria. Un derecho “irrenunciable”, subrayó.
Uno de las propuestas legislativas más importantes de esta legislatura, con la que el Archipiélago alcanza un hito histórico, dijo la diputada nacionalista. “Hemos tomado la firme decisión, como comunidad, de que ninguna canaria y canario se quede atrás”, según Hernández.
Nueva Canarias, tal y como refirió, es una organización política que “siempre” ha defendido el desarrollo de políticas dotadas de un “fuerte” compromiso social. La lucha contra la pobreza, “nos ha caracterizado”, señaló. Hizo hincapié en que NC, en la VIII Legislatura cuando accedió por primera vez al Parlamento, propuso un plan de lucha contra la pobreza y, en la novena, una proposición de ley similar a la actual, vetada por la mayoría conservadora del momento.
Con la toma en consideración del proyecto de ley, Hernández declaró que “reforzamos el sistema de protección social” en las islas al establecer una prestación económica estable para que las personas más vulnerables puedan tener acceso a los servicios básicos diarios necesarios.
Con la misma, añadió, se afronta la pobreza energética y alimentaria de quienes no pueden pagar el recibo de la luz ni comer, dos veces a la semana, carne o pescado, entre otros indicadores de pobreza que mide la tasa Arope de la Unión Europea.
Observó que incluye unos complementos para garantizar el acceso a una vivienda, a la educación, para las pensiones no contributivas y las mujeres víctimas de violencia machista así como unos programas personalizados para promover la inserción sociolaboral.
Culminada su total implantación, Carmen Hernández dijo que llegará a unas 40.000 personas en todo el Archipiélago. En una primera fase, tal y como explicó, a los 10.000 canarios que ya tienen la Prestación Canaria de Inserción (PCI) pero “mejorada” al dotarse de una mayor cuantía económica y con los complementos anteriormente citados.
Con respecto al Ingreso Mínimo Vital (IMV) estatal, que actualmente alcanza a unas 18.000 personas en Canarias, indicó que funcionará como un complemento. «Habrá una convivencia” porque la Renta de Ciudadanía llegará a las personas que no tienen el IMV.
Carmen Hernández abogó para tramitar la iniciativa legislativa con el mayor consenso posible. Se comprometió a mejorar la misma “escuchando” a los ayuntamientos aunque precisó que tiene poco que perfeccionar al recoger experiencias previas consolidadas en el Estado, como la de Euskadi, en vigor desde 1989.