Esther González afirma que el Gobierno de CC y el PP tiene que “respetar”
las solicitudes y “voluntad” de los ayuntamientos
Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) solicitará al pleno del Parlamento
que apoye la declaración de las zonas residenciales tensionadas en el
Archipiélago para aplicar los índices de referencia para el alquiler y
racionalizar los exorbitados incrementos por la falta de oferta. La
diputada canarista Esther González afirmó que el Gobierno de CC y el PP
tiene que “respetar” las solicitudes aprobadas por los ayuntamientos si se
cumplen los criterios fijados por la ley estatal. Opinó que, si los
municipios fueron catalogados como “mayores de edad” para asumir las
transferencias urbanísticas por la ley del suelo del presidente, Fernando
Clavijo, y el anteproyecto de ley del alquiler vacacional reconoce a los
mismos la capacidad para determinar el número de alquileres turísticos a
acoger en su territorio; el pacto de las derechas canarias “ahora también
debe acatar la voluntad de los ayuntamientos y proceder a la tramitación de
la declaración de las zonas tensionadas, si lo solicitan”.
La parlamentaria de NC-BC defenderá, en la próxima sesión plenaria, una
proposición no de ley para instar al Gobierno de Canarias a “liderar,
conjuntamente con los cabildos y ayuntamientos, en aquellos municipios o
zonas específicas de determinados municipios, la declaración de zonas de
mercado residencial tensionadas, que permita poner límite al importe de los
alquileres de viviendas destinadas a uso habitual”.
Esther González afirmó que, para resolver la emergencia habitacional de las
islas, es necesario poner en marcha, al mismo tiempo, un conjunto de
medidas que ayuden a destensar el mercado inmobiliario y facilitar el
acceso a una residencia, ya sea en alquiler o la compra.
De las cinco medidas identificadas por la diputada canarista, el plan
canario que además prevé, y debe ser impulsado, el programa de incentivos
para que regresen al mercado del alquiler una parte de las 211.000
residencias vacías; algunas medidas del decreto ley, la limitación del
alquiler vacacional y la compra especulativa por parte de los extranjeros,
González dijo que la declaración de las zonas tensionadas para algunas
áreas de un municipio o para todo el territorio de la ciudad o localidad es
la que tendrá unos efectos “más inmediatos”.
Por este motivo, según la diputada canarista, el gabinete de Fernando
Clavijo tiene que “respetar” la decisión adoptada por los ayuntamientos y
proceder, por la competencia que le otorga la norma estatal, a “declarar”
tensionada la zona solicitada por el municipio si cumple con los requisitos
exigidos.
Se refirió a que el coste medio de la hipoteca o el alquiler, contados los
gastos, superen el 30 por ciento de los ingresos medios de los hogares y
que el precio de compra o del alquiler, en los últimos cinco años, haya
experimentado un crecimiento acumulado de, al menos, tres puntos
porcentuales superior al porcentaje de crecimiento acumulado del IPC en la
comunidad.
Para NC-BC, el problema para acceder a una vivienda en las islas es tan
grave que “no cabe pensar” que el Gobierno de CC y el PP anteponga razones
ideológicas o de intereses particulares vinculados con el decreto ley de
medidas urgentes “únicamente” consensuado con los constructores.
Aseguró que Canarias es la segunda comunidad que menos vivienda social ha
construido en los últimos 20 años, a lo que se le añade el desmesurado
incremento de los precios del arrendamiento.
En 2023, y según el informe anual de Fotocasa, sostuvo que el Archipiélago
era el tercer territorio del Estado, después de las Islas Baleares y la
Comunidad Valenciana, donde mayores incrementos se experimentaron, con una
variación anual del 13,3 por ciento. Los precios medios de la vivienda en
alquiler en estos últimos cinco años, añadió González con datos del portal
inmobiliario Idealista, han subido de los 9,7 euros el metro cuadrado en
abril de 2019 a los 13,2 euros el metro cuadro de febrero de 2024.
En la actualidad, Esther González aseveró que, en una cantidad importante
de municipios y en un mayor número de zonas de distintas localidades, las
familias se ven obligadas a destinar, de media, más del 40 por ciento de
sus ingresos al pago del alquiler. Una “sobrecarga, en muchos casos,
imposible” de asumir, denunció la parlamentaria de NC-BC.
*Mapa potencial*
Según una información publicada por el diario La Vanguardia el pasado mes
de julio sobre un estudio de Atlas Real Estate Analytics (Fragua), que
analizó datos de más de 11.000 códigos postales de todo el Estado y un mapa
interactivo creado por Housfy, concluyó que las siguientes localidades de
las islas cumplen uno o dos de los requisitos para ser consideradas
tensionadas del arrendamiento según la ley de vivienda estatal de 2023.
En El Hierro son El Pinar y Valverde. En La Gomera, San Sebastián y Valle
Gran Rey. En La Palma se trata de Mazo, Los Llanos de Aridane, el Paso y
Santa Cruz.
En Tenerife, la lista acoge a Buena Vista del Norte, Los Silos, El Tanque,
Santiago del Teide, Guía de Isora, Adeje, Arona, San Miguel de Abona,
Vilaflor, La Orotava, Icod de los Vinos, Los Realejos, Granadilla, Arico,
Fasnia, Güímar, Arafo, Santa Úrsula, La Victoria de Acentejo, La Matanza,
Candelaria, Tacoronte, El Rosario, El Puerto de la Cruz, La Laguna y Santa
Cruz de Tenerife.
En Gran Canaria incluye a Mogán, Tejeda, San Bartolomé de Tirajana, Agaete,
Gáldar, Guía, Moya, Valleseco, Firgas, Arucas, Teror, Las Palmas, Santa
Brígida, San Mateo, Telde, Ingenio, Agüimes y Santa Lucía de Tirajana.
En Fuerteventura son Pájara, Tuineje y Puerto del Rosario mientras que en
Lanzarote cita a Yaiza, Tías, Arrecife, Teguise y Haría, así como a La
Graciosa.