NC-BC afirma que el decreto es “ineficaz” para ayudar a la mayoría social a acceder a una vivienda en Canarias

Luis Campos denuncia que favorece la especulación, prima la construcción de
residencias libres en detrimento de las protegidas, además de tener visos
de inconstitucionalidad

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) advierte de que el decreto ley de
medidas urgentes en materia de vivienda es “ineficaz, inservible” para
ayudar a los más de 25.000 demandantes existentes en el Archipiélago,
incluidas las familias más vulnerables, y a las rentas medias con
importantes problemas para acceder al alquiler o a la compra con unos
precios desorbitados y muy alejados de la realidad socioeconómica de la
mayoría de las canarias y los canarios. El portavoz parlamentario de NC-BC,
Luis Campos, denunció que relega las promociones protegidas para favorecer
la construcción de nuevas residencias libres-privadas a pesar de la
existencia de más de 211.000 cerradas y vacías, lo que provocará una mayor
especulación. El grupo canarista avisó además de los visos de
inconstitucionalidad de una norma del Gobierno de las derechas, que
persiste en fomentar el modelo de crecimiento “insostenible y
desarrollista”.

Nueva Canarias-BC mantendrá, en el pleno del Parlamento que comienza mañana
martes, el voto en contra a la convalidación del decreto ley del Ejecutivo
de CC y el PP. Defenderá la necesidad de que se tramite como un proyecto de
ley con el fin de solventar carencias, defectos y consecuencias
beneficiosas “sólo para unos pocos, no para la mayoría” de la ciudadanía de
las islas.

Luis Campos denunció que las medidas del Gobierno “están pensadas para los
constructores, con quienes únicamente se ha hablado, en lugar de la mayoría
social que necesita una vivienda o paga unos precios prohibitivos”. Se
favorece la especulación, censuró, al mismo tiempo que se ha secuestrado el
debate a los ayuntamientos, los cabildos y a los grupos parlamentarios
cuando se van a modificar tres leyes sustanciales. La del suelo, la del
turismo y la sectorial.

Se cambian los planeamientos municipales y se ataca la legislación
territorial y ambiental, diseñada en las últimas décadas en el
Archipiélago, subrayó el portavoz canarista. “En lugar de contribuir a la
sostenibilidad, se vuelve al modelo desarrollista que hoy tenemos” y ha
provocado la crisis habitacional, la hídrica, la energética y en la gestión
de los residuos, indicó Campos.

Para NC-Bloque Canarista, la totalidad de las medidas urgentes tenían que
estar destinadas a la vivienda protegida, como se ha hecho en las islas
Baleares. El decreto de las derechas canarias, para Luis Campos, está más
pensado para la promoción de las residencias privadas, con lo que la
especulación será mayor.

Recriminó la total ausencia de propuestas para incentivar el regreso al
mercado de las más de 211.000 unidades vacías. Una iniciativa, mantuvo el
portavoz, con la que “se recuperarían, de forma inmediata”, unos 40.000
pisos para el alquiler y se ayudaría a rebajar las tensiones sin consumir
más territorio.

“No entendemos”, expresó, que se puedan construir residencias libres, hasta
un 70 por ciento, en los suelos ubicados en las áreas turísticas y sólo se
reserve para las protegidas el 30 por ciento restante.

No se desincentiva el alquiler vacacional a pesar de que existen, del
orden, de 52.000 unidades en explotación y ser una de las principales
causas de la crisis habitacional, cuestionó el diputado de NC-BC. Salvo en
algún apartado muy concreto de la norma, Campos denunció que “no se veta”
el alquiler vacacional para las nuevas residencias construidas.

Una “auténtica aberración” cuando, en paralelo, el Ejecutivo trabaja en la
elaboración de un proyecto de ley para contener una actividad que ha
provocado el encarecimiento de los alquileres y la compra.

Luis Campos se opuso a que el decreto ley, de carácter extraordinario y
urgente, tenga una vigencia ilimitada y que el Gobierno de CC y el PP se
oponga a regular el precio del alquiler de las zonas tensionadas en
colaboración con los ayuntamientos, como permite la ley estatal.