NC-BC aboga por desarrollar la figura del asistente personal, solventar las trabas para acceder a la Renta de Ciudadanía y apostar por un pacto contra la pobreza
La portavoz parlamentaria en materia social de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Natalia Santana, consideró que uno de los objetivos imperativos del Gobierno, en la XI Legislatura, es la implantación de la Ley de Servicios Sociales en “toda su plenitud”. Santana abogó por desarrollar la figura del asistente personal, solventar las trabas para acceder a la Renta de Ciudadanía y aportar por un pacto contra la pobreza además de poner en marcha el chat de apoyo emocional gratuito para los jóvenes a través de WhastsApp, impulsado por el canarismo de progreso y aprobada por la Cámara la pasada legislatura. La diputada de Nueva Canarias evidenció su preocupación por las consecuencias de la posición del jefe del Ejecutivo de CC y el PP, Fernando Clavijo, quien tachó de “descontrol” el gasto sanitario y social del pacto de progreso en la X Legislatura.
Durante la primera comparecencia de la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, y la posterior del Diputado del Común ante la comisión de Discapacidad; Natalia Santana ratificó el compromiso de NC-BC por estas políticas sectoriales, demostrado además en la labor desempeñada desde el Ejecutivo de progreso que aumentó los presupuestos desde 2019 en 207 millones de euros hasta llegar a los 669 millones de euros que gestiona Derechos Sociales en 2023.
La portavoz de NC consideró que es “imperativa” la implantación de la Ley de Servicios Sociales “en toda su plenitud” y, con prioridad, el catálogo de servicios sociales. En caso contrario, Santana advirtió de que las diferentes administraciones públicas “no van a poder hacer frente” a ello.
En materia de dependencia, refirió el avance en la reducción de las listas de espera, reconoció que era insuficiente y apostó por superar el nivel alcanzado. Santana pidió que se desarrolle la figura de asistente personal, que se implante la tarjeta acreditativa de la discapacidad y que se impulse la escucha directa de las personas afectadas.
Tras recordar que, en 2022, se aprobó la Renta de Ciudadanía con el objetivo de llegar a 40.000 familias, la parlamentaria de NC-BC instó a Delgado a poner los medios y esfuerzos necesarios para solventar las trabas para percibir los derechos reconocidos a las familias y personas más vulnerables.
Santana afirmó que, en materia de violencia de género y agresiones sexuales, el reto es aún mayor. En especial, preguntó a la responsable gubernamental por las medidas a implementar, sobre todo, en islas no capitalinas, donde los recursos para las mujeres que viven esta lacra social son “aún más limitados”.
Desde NC-BC se considera que debe existir una “apuesta firme” por la juventud. Se detuvo en las medidas para atender la salud mental y, en concreto, por la creación de un chat de apoyo emocional, aprobado por el Parlamento en 2022 a instancias del canarismo de progreso.
Sobre la infancia, defendió el desarrollo del Pacto Canario por la Infancia al mismo tiempo que apeló a la preocupante situación de la pobreza severa e infantil. “Debemos aunar esfuerzos” y apostar por un “auténtico” acuerdo para combatir la exclusión social, con ficha financiera suficiente y las partidas de los presupuestos generales del Estado en cumplimiento del Régimen Económico y Fiscal (REF).
Natalia Santana propuso a la consejera que trabaje “de la mano” del departamento gubernamental de Empleo al entender que un trabajo es una de las “herramientas más potentes” para luchar contra la exclusión social.
Volvió a distinguir el trabajo realizado por las organizaciones del tercer sector y la vigencia del compromiso firmado, el pasado 25 de mayo, por el presidente de NC-BC, Román Rodríguez. Reiteró la necesidad de aplicar el concierto social para terminar con la incertidumbre sufrida y en reconocimiento a la importante labor desarrollada.
La portavoz parlamentaria en materia social de NC-BC expuso finalmente la preocupación derivada de la posición del presidente del Gobierno conservador de CC y el PP y las consecuencias que pueda acarrear que Clavijo entienda como un “descontrol” el gasto social y sanitario realizado en la pasada legislatura.