La presidenta del grupo parlamentario de NC afirma que, para el canarismo de progreso, es un ámbito de actuación “prioritario” en su proyecto de país canario
La presidenta del grupo parlamentario de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Carmen Hernández, denunció hoy la “inadmisible” renuncia de Coalición Canaria (CC) a la gestión de la política educativa en el Gobierno además de “inconcebible” que pase a ser responsabilidad del mismo PP que votó en contra de la Ley Canaria de Educación. La también portavoz parlamentaria en la materia afirmó que, para el canarismo de progreso, es un ámbito de actuación “prioritario” para el desarrollo de su proyecto de país canario y para la cohesión social y territorial de la comunidad.
Con ocasión de la constitución de la comisión parlamentaria de Educación, Formación Profesional y Deportes, Nueva Canarias reconoció que una de las mayores sorpresas del nuevo organigrama del Ejecutivo del pacto de las derechas canarias es que CC haya desistido de la gestión de la política educativa en la XI Legislatura.
Estupefacción cargada de una enorme preocupación porque la renuncia de una formación política que se define como nacionalista, en opinión de la parlamentaria de NC-BC, ha significado que el socio más conservador del Ejecutivo asuma el desarrollo de una Ley Canaria de Educación, en la que no cree porque en 2014 votó en contra.
Un PP, detalló Hernández, que tiene en “su mochila” la imposición de la polémica Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), más conocida Ley Wert, contestada por toda la comunidad educativa por tener una orientación segregacionista y mercantilista.
Para Carmen Hernández, es “inconcebible” que una formación política nacionalista renuncie a la gestión de un ámbito “tan sensible para construir un proyecto de país, para la cohesión territorial y también social” de las islas.
Esta decisión, en su opinión, demuestra que, para CC, la “apuesta” por una escuela pública y por el desarrollo de los contenidos canarios “no es estratégica”. Pocas áreas, además de la educación y la cultura, añadió Carmen Hernández, son un reto decisivo en la construcción de la sociedad canaria del futuro.
Pero además la inquietud se eleva exponencialmente si, como han anunciado los socios del Ejecutivo, hacen efectivo el compromiso electoral de rebajar el Impuesto General Indirecto (IGIC) porque, con la reactivación en 2024 de las reglas fiscales de la Unión Europea, “volverán los recortes” en los servicios públicos esenciales.
Con la posibilidad “no descartable” de que regrese la política del austericidio, la diputada de NC-BC expresó inquietud porque “nos alejemos” del cumplimiento de la inversión del 5% del Producto Interior Bruto (PIB) de la ley sectorial canaria, del impulso de la educación pública de cero a tres años y de otros avances logrados en la X Legislatura del pacto de progreso.
Se refirió, entre los más significativos, a la decisión de retomar programas de contenidos canarios, como el denominado enSeñas, para su integración en los currículos y en la confección de recursos educativos para facilitar la docencia.
Llamó la atención sobre el cumplimiento así del artículo 5.2 de la norma canaria para fomentar el conocimiento, respeto y valoración del patrimonio cultural y natural de Canarias y la decisión de incluir en los nuevos currículos el acceso a un 40% más de contenidos canarios en todas las asignaturas, al finalizar la etapa obligatoria.
Desde el punto de vista financiero, Carmen Hernández valoró los 573 millones de euros más invertidos en materia educativa desde 2019 para llegar a los últimos presupuestos para este departamento, los que hoy están en vigor, a los 2.328 millones de euros en total. Un esfuerzo que sirvió también para incorporar 3.000 nuevos docentes, apostar por la Formación Profesional Dual para la inserción laboral de los jóvenes, comprometerse con las universidades públicas, la cultura, el patrimonio y el deporte, valoró.
Carmen Hernández aseguró que el canarismo de progreso se mantendrá vigilante para que “no haya ni un milímetro de retroceso” en las políticas progresistas que, en materia educativa, se pusieron en marcha en los últimos cuatro años, para que la implantación de la ley canaria siga adelante. Insistió en que el futuro de Canarias a nivel humano, social y económico depende, en gran medida, de la calidad del sistema educativo.