La portavoz económica de NC en el Parlamento mantiene que el Estado tiene que incrementar los fondos para que a los usuarios les salga gratis el viaje.
La portavoz económica de Nueva Canarias (NC) en el Parlamento, Esther González, apostó hoy por priorizar la inversión para adaptar el sistema público de guaguas y tranvía en las islas para viabilizar la bonificación total de los viajes sin deteriorar la calidad del servicio. La diputada de NC mantuvo que el Estado tiene que incrementar los 81 millones de euros, comprometidos en los presupuestos estatales de 2023, para que a los actuales usuarios de la comunidad les salgan los desplazamientos gratuitos. Subrayó además la “obligación” de la administración estatal de garantizar la financiación de la totalidad del coste del transporte público regular de viajeros por el artículo 8 del Régimen Económico y Fiscal (REF).
Con los 100 millones de viajes realizados, en la actualidad en todo el Archipiélago, por el sistema público; la parlamentaria de Nueva Canarias sostuvo que se necesita una inversión aproximada de 325 millones de euros para la gratuidad. De esos fondos y con la actual estructura financiera, Esther González dijo que las administraciones públicas canarias ponen ya 195 millones de euros y el Estado debe sufragar los otros 130 millones de euros.
Con los 81 millones de euros de los presupuestos para 2023, añadió, el Gobierno estatal sólo pone el 24,9% “de lo indispensable” para poner en marcha esta medida. En este momento, “faltan todavía” otros 49 millones de euros, precisó Esther González. Tampoco, según precisó, será gratuito para todos los usuarios ya que se exige un mínimo de 16 viajes al mes para beneficiarse de la misma.
El coste medio de la bonificación de cada cliente nuevo es de unos 3,25 euros, según la portavoz sectorial del grupo parlamentario. Si con la gratuidad crecen los pasajeros un 5%, un porcentaje “conservador” en opinión de la diputada de NC, habrá que poner 16.250.000 euros, de los que las administraciones canarias deberán financiar cerca de 10 millones de euros más.
La columna de gastos crecerá “aún más”, añadió, con la “multimillonaria” inversión a realizar para adaptar todo el software de los sistemas de cancelación, para comprar nuevos vehículos que, en el mejor de los casos, tardarán unos 11 meses en llegar y 15 años para su amortización además de la contratación de otros equipamientos necesarios (cocheras) y más personal, principalmente, conductores.
Para González, “lo lógico es que, primero, se invierta en el sistema y luego se ponga en marcha la gratuidad porque corremos el riesgo de deteriorar la calidad del servicio, que hoy reconocen y valoran los usuarios”.
Avisó que las empresas operadoras aún no han recibido el 50% de bonificación en vigor desde el pasado mes de septiembre, con lo que ya afrontan tensiones en la tesorería.
A todos los problemas financieros y logísticos existentes para poner en marcha esta “buena” medida el próximo 1 de enero, el Ejecutivo estatal está obligada a “garantizar” la financiación de la totalidad del coste del sistema de transporte público regular de viajeros porque, como establece el artículo 8 del REF, se declara como un servicio “esencial”; defendió Esther González.
En el citado artículo se añade además que “dadas las características especiales de Canarias como región insular, la planificación y gestión de este tipo de transporte se llevará a cabo de manera integrada y con carácter insular, garantizándose su financiación a través de los Presupuestos Generales del Estado. En dicha financiación se han de tener en cuenta las especiales circunstancias en las que, debido a la ultraperificidad, la configuración geográfica, la distribución de la población y la afluencia turística, se desarrolla esta actividad en Canarias”.
Para debatir esta situación, la portavoz económica de NC ha solicitado la comparecencia del consejero canario responsable Sebastián Franquis en el pleno que comienza el próximo lunes.