ESTHER GONZÁLEZ RECLAMA AL GOBIERNO LA PARALIZACIÓN DE LA MACROGRANJA DE
LUBINAS EN LA COSTA DE LA ALDEA
NC-BC pone sobre la mesa el rechazo unánime del Ayuntamiento, del
Cabildo de Gran Canaria, de las cofradías de pescadores, grupos
ecologistas y 12.195 firmas
La parlamentaria de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) Esther
González reclamó hoy al Gobierno de CC y el PP, en comisión, la
paralización de la macrogranja de lubinas en la costa de La Aldea. La
diputada del grupo nacionalista puso sobre la mesa el rechazo unánime
del Ayuntamiento, del Cabildo de Gran Canaria, las 12.195 firmas
contrarias a la instalación, los grupos ecologistas y las cofradías de
pescadores
Esther González exigió al consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, que transparentara la posición
del Ejecutivo de las dos derechas canarias.
La parlamentaria nacionalista defendió el amplio rechazo social,
institucional y pesquero al proyecto. Citó los pronunciamientos unánimes
en contra del Ayuntamiento, cuya Alcaldía es responsabilidad de Pedro
Suárez, y del Cabildo de Gran Canaria; así como de las cofradías de
pescadores, las organizaciones ecologistas y otros colectivos sociales.
Advirtió de que afecta a un entorno de especial valor ambiental, la
Reserva de la Biosfera de Gran Canaria y próximo a espacios marinos
protegidos de la Red Natura 2000. Apeló González a la relevancia de
evaluar adecuadamente las repercusiones sobre el medio marino y las
especies en la zona, como el angelote, catalogado en peligro crítico de
extinción.
Esther González informó que el Ayuntamiento de La Aldea presentó, el
pasado 17 de septiembre, las alegaciones al estudio de impacto
ambiental, acompañadas de dos informes técnicos, uno externo y otro
elaborado por los propios servicios municipales. Según expuso, ambos
documentos cuestionan que el estudio cumpla las exigencias de la Ley
21/2013, de Evaluación Ambiental, y señalan deficiencias relacionadas
con la incidencia sobre la pesca artesanal, el medio marino, el paisaje,
el patrimonio y los riesgos asociados a la instalación.
Hizo hincapié en que la concesión administrativa aún no se ha otorgado y
reclamó al consejero que aclarara si el Ejecutivo considera autorizar la
macrogranja en este emplazamiento. Recordó que la plataforma ciudadana
contraria a la citada instalación había entregado a la consejería 12.195
firmas de rechazo. Para Esther González, esta movilización, junto con
los acuerdos institucionales y la negativa de las cofradías y grupos
ecologistas son argumentos suficientes como para que el Ejecutivo tome
una decisión.
Precisó que NC-BC no se opone a la acuicultura en Gran Canaria, una
actividad que consideró compatible con el desarrollo económico de la
isla, siempre que las instalaciones se ubiquen en lugares adecuados y se
garantice la protección del entorno.
«No cualquier instalación es apta para ubicarse en cualquier sitio y,
más concretamente en las costas de La Aldea que no son las adecuadas
para esta macrogranja», defendió González. Mantuvo además que en la zona
existe una actividad pesquera tradicional que lleva años
desarrollándose.
Insistió en que la inclusión de la zona de ubicación del proyecto en la
planificación acuícola “no significa que haya que autorizar la
concesión”. En su opinión, corresponde al Gobierno presidido por
Fernando Clavijo tomar una resolución. La misma, añadió, debe tener en
cuenta “todo lo que se ha puesto encima de la mesa”, y no solo el
cumplimiento de los trámites administrativos, como defendió el
consejero.
Esther González advirtió de que, si el Ejecutivo opta finalmente por
otorgar la concesión, deberá explicar “cómo compatibilizar” esa
instalación con la protección de la pesca artesanal, el paisaje y el
medio marino. También que, como agregó, se tomará “ignorando” la
negativa unánime de la institución municipal e insular, los colectivos
pesqueros, las vecinas y los vecinos y la población de la zona norte de
Gran Canaria, en general.
La parlamentaria de NC-BC pidió a Quintero que estudie las fórmulas
administrativas oportunas para paralizar la tramitación del proyecto en
el emplazamiento previsto.