NC-BC DENUNCIA EL ABANDONO INSTITUCIONAL DE UNA VECINA CON CÁNCER
TERMINAL ANTE UN DESAHUCIO EN GRANADILLA
Dolores Espinosa “Los gobiernos de Canarias y del Estado permiten que
los fondos buitre sigan especulando con un derecho fundamental mientras
las personas más vulnerables se quedan sin hogar”
Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) denuncia la situación de extrema
vulnerabilidad que atraviesa María, una vecina de Granadilla de Abona,
en el sur de Tenerife, que se enfrenta a un desahucio previsto para
mañana, viernes 25 de septiembre, pese a padecer un cáncer terminal y
tener reconocida una situación de dependencia de grado II.
La secretaria insular de Justicia y Derechos Civiles de la formación,
Dolores Espinosa Padilla, considera inadmisible que una persona que
atraviesa una situación de esta gravedad pueda perder su hogar sin que
las administraciones públicas hayan garantizado una alternativa
habitacional digna y adecuada a sus necesidades.
“Es intolerable que una mujer con cáncer terminal tenga que afrontar la
angustia de un desahucio mientras las administraciones miran hacia otro
lado. El Gobierno de Canarias y el Ministerio de Vivienda tienen
competencias y responsabilidades que deben ejercer para proteger a
quienes más lo necesitan. No basta con discursos y promesas: hacen falta
soluciones urgentes”, afirma Espinosa Padilla.
Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) expresa su solidaridad con la
afectada y respalda las reivindicaciones del Sindicato de Inquilinas de
Tenerife, que ha convocado movilizaciones para reclamar la paralización
del lanzamiento y una respuesta inmediata de las administraciones.
“La vivienda no puede seguir siendo un negocio para los especuladores”
La dirigente canarista denuncia que esta situación refleja las
consecuencias de un modelo inmobiliario que permite que los grandes
propietarios y los fondos buitre sigan especulando con un derecho
fundamental, mientras numerosas familias se enfrentan a dificultades
para acceder a una vivienda o mantenerla.
“Los fondos buitre no pueden seguir campando a sus anchas mientras la
ciudadanía pierde sus casas. La vivienda es un derecho, no una mercancía
con la que enriquecerse a costa de la vulnerabilidad de las personas. Lo
ocurrido en Granadilla, como el reciente desahucio de Margarita en
Madrid, demuestra que las administraciones siguen sin ofrecer una
respuesta eficaz a la emergencia habitacional”, sostiene.
NC-BC exige al Gobierno de Canarias, al Ministerio de Vivienda y al
Ayuntamiento de Granadilla de Abona que actúen de manera coordinada para
evitar que María quede en situación de calle y garantizarle una
alternativa habitacional adaptada a su estado de salud.
Espinosa Padilla reclama, además, medidas estructurales que frenen la
especulación inmobiliaria, refuercen la protección frente a los
desahucios y amplíen la oferta de vivienda pública y asequible.
“No podemos normalizar que una persona enferma y en situación de
dependencia se quede sin hogar. Las administraciones tienen la
obligación de proteger a la ciudadanía y de situar el derecho a la
vivienda por encima de los intereses especulativos”, concluye.