Desde el Comité Local de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) en
Teguise muestran su profunda preocupación tras la Resolución REMC
322/2025, de 6 de febrero de 2026, del Tribunal Administrativo de
Contratos Públicos de Canarias, que declara la nulidad de los pliegos
del contrato de mantenimiento y conservación de zonas verdes y jardines
del municipio.
El procedimiento anulado (Expediente 20539/2024) contemplaba un valor
estimado de 8.883.933,34 euros para un periodo de cuatro años más dos
posibles prórrogas, con un presupuesto base de licitación de
3.896.448,23 euros (IGIC incluido). La resolución obliga a reiniciar el
procedimiento desde cero.
El Tribunal ha apreciado incumplimientos sustanciales de la Ley de
Contratos del Sector Público, entre ellos, la falta de justificación
adecuada de los criterios de adjudicación (art. 116.4 LCSP); la
configuración irregular de un criterio social sin acreditación
suficiente de su vinculación al objeto del contrato; y la ausencia de
concreción en el régimen de penalidades ante posibles incumplimientos.
Estos aspectos no son meros formalismos administrativos. Son garantías
básicas de transparencia, seguridad jurídica y buen uso de los recursos
públicos. Tal y como recoge el propio fallo, la falta de motivación
puede generar indefensión a las empresas licitadoras y comprometer la
validez del procedimiento.
Para Belén Machín, Secretaria Local de NC-bc en Teguise, “la
contratación pública debe incorporar cláusulas sociales y
medioambientales, pero siempre correctamente fundamentadas y ajustadas a
la legalidad. Cuando esto falla, los procedimientos se anulan y el
interés general se ve perjudicado”.
La paralización de este contrato, señala Machín, “retrasa un servicio
esencial para la calidad de vida, la imagen de nuestros pueblos y el
cuidado de los espacios públicos. Los jardines y zonas verdes no pueden
seguir esperando mientras se corrigen errores administrativos. Llevan
más de dos años y medio pendientes de una solución efectiva por parte
del grupo de gobierno de CC, PP y el exconcejal de VOX”.
Machín añadió que “las cláusulas sociales y medioambientales son
necesarias y las defendemos firmemente, pero deben estar bien
fundamentadas jurídicamente. Cuando se improvisa, el resultado es la
nulidad, y quienes sufren las consecuencias son los vecinos y vecinas de
Teguise”.
Asimismo, subrayó que “gobernar no es anunciar contratos millonarios,
sino garantizar que cada expediente esté sólidamente trabajado. Teguise
necesita una administración profesional, no una gestión que acumule
errores que luego pagamos todos”.
La anulación no solo supone un revés jurídico, sino también un impacto
económico estimado entre 223.000 y 237.000 euros en costes directos de
nueva tramitación, asesoramiento externo, publicidad oficial y costes
derivados de la paralización del servicio.
A ello se suman los daños indirectos como el deterioro progresivo de las
zonas verdes; la incertidumbre laboral para trabajadores afectados por
la subrogación; pérdida de oportunidades de empleo vinculadas a posibles
cláusulas sociales; y riesgo de menor concurrencia empresarial en
futuras licitaciones por inseguridad jurídica.
Así, Belén Machín propone activar de forma inmediata un contrato menor
de emergencia para garantizar el mantenimiento básico de las zonas
verdes más sensibles; constituir una Mesa de Seguimiento de Contratación
con participación de gobierno, oposición y técnicos municipales, que
supervise la nueva tramitación; redactar unos nuevos pliegos con el
máximo rigor técnico y jurídico, incorporando una correcta motivación de
criterios, un sistema claro de penalidades y cláusulas sociales
sólidamente justificadas; y reforzar la formación en contratación
pública estratégica y el asesoramiento jurídico especializado en
contratos de alta cuantía.
“Estamos ante una oportunidad para hacer las cosas bien desde el
principio”, concluyó Belén Machín. “Teguise merece una gestión
responsable, transparente y profesional, que esté a la altura de lo que
demanda nuestra ciudadanía”.