Hernández y Campos se basan en el Consultivo que denuncia la vulneración
de la Constitución, el derecho europeo y pone el medio al servicio del
Gobierno
Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) confirmó hoy que presentará una
enmienda a la totalidad contra el proyecto de ley que regula la Radio
Televisión Canaria (RTVC) del Gobierno de Fernando Clavijo
“inconstitucional que secuestra” la televisión y la radio pública
canaria. La presidenta y el portavoz del grupo parlamentario de NC-BC,
Carmen Hernández y Luis Campos, se basan en el dictamen del Consejo
Consultivo de Canarias (CCC) que denuncia la vulneración de la
Constitución, la legislación básica estatal, el derecho europeo y pone
el medio público al servicio de las dos derechas canarias,
fundamentalmente de Coalición Canaria (CC).
Luis Campos y Carmen Hernández anunciaron, en rueda de prensa, que la
enmienda a la totalidad, con la que se pedirá la devolución al Ejecutivo
de CC y el PP del Proyecto de Ley (PL) de Ordenación del Servicio
Público de Comunicación Audiovisual de Canarias, se debatirá en el pleno
extraordinario del próximo miércoles. El grupo nacionalista progresista
entiende que el texto nace “absolutamente viciado”, pone en riesgo la
pluralidad informativa y compromete muy seriamente la independencia de
RTVC.
Carmen Hernández, en su condición también de portavoz en la comisión de
control de Radio Televisión Canaria del Legislativo, señaló que NC-BC
estaba “obligada” a presentar la enmienda a la totalidad a un proyecto
que modifica la Ley 13/2014 vigente, y que regula una herramienta
esencial para la cohesión territorial, la promoción del conocimiento y
los valores democráticos en un territorio fragmentado. Recordó el papel
fundamental de la RTVC en momentos críticos como la pandemia y la
erupción volcánica.
Se opuso con contundencia a las “prisas y la urgencia” con la que el
Ejecutivo quiere tramitar este PL y cuestionó sus argumentos para
justificar la reforma. Reconoció la necesidad de adaptar la normativa
canaria a la legislación europea y estatal, pero denunció que la
supuesta solución de Clavijo al bloqueo institucional es una “gran
excusa”. El propio informe del CCC, como especificó Hernández, señala
que el texto no solo no resuelve el problema, sino que “lo perpetúa”.
Según explicó, el PL incumple la normativa europea, vulnera el artículo
20.3 de la constitución que garantiza el control parlamentario de los
medios de comunicación públicos y supone una clara injerencia política.
“Estamos ante una norma redactada desde el despacho del presidente
Clavijo para convertir RTVC en una maquinaria de propaganda de su
Gobierno, especialmente de Coalición Canaria, en un momento
especialmente sensible” por la proximidad al calendario electoral.
Recordó que el presidente dijo que la RTVC es del Gobierno.
Nueva Canarias-Bloque Canarista fundamenta su petición de devolución del
texto al Gobierno en tres grandes razones, como expuso Carmen Hernández.
En primer lugar, por el “grave retroceso democrático”. Recriminó la
eliminación de los sistemas de contrapeso al sustituir las mayorías
reforzadas por las absolutas, la concentración de un poder excepcional
en el director general y vaciar de contenido el control parlamentario.
Además, alertó de las consecuencias de no establecer plazos para la
constitución de la junta de control que, además, para NC, debe
representar a todas las sensibilidades del Parlamento. Una vaguedad que
el grupo nacionalista entiende que otorga “plenos” poderes al director
general de “forma indefinida”. Esta situación, como remarcó la portavoz
canarista, para el CCC es inconstitucional.
La segunda razón principal para la enmienda a la totalidad, añadió, es
que se perpetúa el bloqueo institucional. Lejos de ser resuelto, NC-BC
mantiene que el texto de Clavijo renuncia al consenso parlamentario sin
proponer mecanismo de antibloqueo. El Consultivo advierte de que se
institucionaliza el bloqueo que dice querer solucionar, observó Carmen
Hernández.
El tercer argumento es que se pone en riesgo la independencia editorial
y los derechos laborales. La diputada Hernández censuró que se permite
una clara injerencia política y entiende que la constitución de los
consejos de informativos debe ser obligatoria. Avisó que se abre la
puerta a la externalización de los informativos y contempla la
subrogación obligatoria del personal, lo que pone en peligro la
estabilidad laboral y la gestión pública de los contenidos informativos.
Asimismo, Carmen Hernández alertó sobre la posibilidad de concentrar en
un solo operador hasta el 20 por ciento del presupuesto del ente (más de
60 millones de euros). Una situación que, para Nueva Canarias, puede
provocar la concentración del mercado, la precarización del empleo, el
deterioro de la calidad y la pluralidad del servicio público.
Desde el grupo nacionalista progresista se insistió en que cualquier
reforma que afecte a un derecho fundamental como el de la información
debe partir del “consenso, la participación social, el respeto a la
Constitución, al derecho europeo y la defensa de los profesionales del
sector”.
Una radio y televisión pública “secuestrada” por el poder político, en
opinión de Carmen Hernández, erosiona lentamente la democracia.
“Queremos una RTVC al servicio de las canarias y los canarios, donde los
profesionales puedan trabajar con libertad porque un periodista con
miedo nunca puede ser verdaderamente libre ni ofrecer una información
plural”, remarcó la parlamentaria nacionalista.
Luis Campos, además de subrayar también que la comunicación pública es
un pilar esencial de la democracia, también valoró la trascendencia de
la pluralidad informativa, junto a la profesionalidad de los
trabajadores y trabajadoras del ente. Todo, tal y como puntualizó,
principios “irrenunciables”.
Añadió que la enmienda a la totalidad se sustenta en un amplio proceso
de escucha y participación con sectores implicados y conocedores del
funcionamiento de una radiotelevisión pública de calidad, plural e
independiente del gobierno de turno.
“Nueva Canarias-Bloque Canarista ha sido una de las fuerzas políticas
que más ha defendido históricamente la necesidad de un servicio público
de radio y televisión en Canarias, porque sin pluralidad informativa no
hay democracia real”, afirmó.
Por todo ello, NC-BC reclamará la devolución del proyecto al Gobierno
para que presente un nuevo texto consensuado, constitucional y
plenamente democrático.