Esther González y Carmen Hernández denuncian la nula voluntad de diálogo
del Gobierno sobre sus propuestas de mejora en vivienda, sanidad y
políticas sociales
Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) destapó hoy, en la comisión de
Hacienda que aprobó el dictamen de los presupuestos con el voto en
contra de la formación canarista, un “golpe a la legalidad” en las
cuentas para 2026 del Gobierno de Fernando Clavijo, a través de unas
enmiendas de los grupos de CC, el PP, la AHI y la ASG. Las diputadas
Esther González y Carmen Hernández informaron de la petición elevada a
la Mesa del Parlamento para elaborar un informe jurídico que determine
la legalidad de una maniobra que puede acabar perjudicando a los
plataneros de La Palma al tener que verse obligados a devolver los
fondos europeos con intereses. A pesar de los esfuerzos de NC por
aplazar la votación hasta disponer de dicho informe, los grupos del
Gobierno optaron por seguir adelante y validar la enmienda sin los
controles de legalidad exigidos. Para González y Hernández se trata de
una actuación de “extrema gravedad” que podría derivar en un conflicto
similar al de los presupuestos de 2025, actualmente denunciados en el
Tribunal Constitucional.
Ambas parlamentarias se ratificaron hoy en la “nula voluntad de diálogo”
del Gobierno y los grupos que lo sustentan y alertaron sobre la posible
ilegalidad de una enmienda que concede ayudas _de minimis_ al sector
platanero de La Palma, ya aprobada en la ponencia (número 116) y
complementada mediante una enmienda _in voce _hoy aprobada (C-9, con la
que modifican la inicial denominada P-50).
Esther González y Carmen Hernández informaron de la petición formal
realizada a la Mesa de la Cámara para la elaboración de un informe
jurídico que aclare la compatibilidad de estas ayudas con el derecho
comunitario, dado que podrían incumplir los reglamentos europeos y el
decreto canario 100/1999, tal y como recoge la solicitud remitida por
NC-BC al órgano de gobierno del Legislativo.
Esther González centró su intervención en la grave irregularidad
contenida en la enmienda 116 y la enmienda _in voce_ P-50 de los grupos
del Ejecutivo de Clavijo, que conceden ayudas _de minimis_ a un grupo
numeroso de productores de plátano que ya recibió ayudas estatales por
los daños de la erupción volcánica de La Palma. Según el informe
remitido por NC-BC a la Mesa, dicha acumulación de ayudas está prohibida
por los reglamentos europeos, en concreto el Reglamento (UE) 702/2014
(artículo 8.6) y el Reglamento (UE) 1408/2013 (artículo 5.3).
Además, la enmienda _in voce_ P-50 añade un apartado que elimina la
obligación de solicitar los informes preceptivos de compatibilidad con
las normas europeas de competencia, informes que deben ser emitidos por
la Dirección General de Asuntos Europeos conforme al Decreto 100/1999,
extremo que NC-BC considera un “hecho inédito e ilegal”.
Esto, para González, es una “cacicada al más puro” estilo Trump. “Como
saben (CC, el PP, la AHI y la ASG) que el informe de Asuntos Europeos
será negativo, pretenden eliminarlo de un plumazo. Europa no es tonta y
no les va a salir bien. Al final, quienes pagarán serán los plataneros
palmeros, que tendrán que devolver las ayudas con intereses”, advirtió.
NC-BC sostiene que la maniobra del Gobierno y sus socios busca “eludir
todos los controles de legalidad, tanto los informes ex ante como los ex
post” establecidos para proteger la correcta gestión de ayudas públicas
con fondos europeos.
Esther González, en la defensa general de las enmiendas, sentenció que
el margen real para modificar el proyecto presupuestario era “el mismo
que caiga nieve en Fuerteventura en agosto, cero”. Según expuso, Nueva
Canarias registró 264 enmiendas parciales (75 al articulado y 189 a
estados financieros) “y no se aceptó ni una sola”. Para Carmen Hernández
“no nos han pasado el rodillo; nos han pasado la apisonadora”.
Hernández reprochó al Ejecutivo de las dos derechas que haya mostrado
“más talante negociador” con la diputada no adscrita, que se representa
a sí misma, que “con un grupo parlamentario como el de NC-BC que
representa a más de 80.000 canarias y canarios”. Mantuvo la defensa de
las enmiendas como propuestas razonables para mejorar unas cuentas
francamente insuficientes, especialmente en áreas sociales.
En materia educativa recordó los 25,3 millones de euros adicionales para
la renovación de centros educativos, el techado y zonas de sombra en
islas con mayor dureza climática, un plan urgente de adaptación al
cambio climático y mejoras en escuelas infantiles y en convivencia y
prevención del acoso escolar.
En relación al sistema sanitario, criticó el modelo de gestión y mantuvo
la defensa de las enmiendas para reforzar de manera sustancial la
atención primaria, mejorar la salud mental y la atención al Alzheimer,
modernizar infraestructuras sanitarias, dotar de un helicóptero a
Lanzarote y destinar 10 millones de euros a investigación.
Tras detallar las propuestas de mejora con 10,6 millones de euros para
afrontar la emergencia habitacional y otras en el ámbito social,
Hernández se ratificó en las relativas a las universidades públicas
basadas íntegramente en las necesidades trasladadas por los rectores,
para ampliar créditos destinados a cubrir el incremento del gasto de
personal (94,7 millones de euros para la Universidad de La Laguna y 77,4
millones de euros para la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria).
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