El diputado de NC afirma que el Servicio Jurídico confirma que se
vulneraron sus derechos fundamentales y hubo un intento de desacreditar
su labor parlamentaria
El diputado de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) Yoné Caraballo
valoró hoy el informe del Servicio Jurídico del Parlamento, emitido en
relación a su solicitud de amparo tras las graves manifestaciones
realizadas por el director del Servicio Canario de la Salud (SCS) del
Gobierno de CC y el PP, Adasat Goya, durante la comparecencia ante la
comisión de Sanidad. Caraballo afirmó que el Servicio Jurídico confirma
que “se vulneraron mis derechos fundamentales y que se intentó
desacreditar mi labor parlamentaria” mediante la exposición pública de
información privada y sensible.
El informe jurídico concluye que las palabras del director del SCS, en
las que aludió públicamente a la situación médica y a la condición de
persona de riesgo de Yoné Caraballo, fueron ajenas, improcedentes e
innecesarias para el debate parlamentario, y no pueden considerarse
amparadas por la libertad de expresión.
Asimismo, los servicios jurídicos de la Cámara advierten de que la
referencia a los motivos médicos que provocaron la baja laboral del
diputado del grupo nacionalista progresista durante la pandemia fue
inadecuada y carente de justificación, pudiendo afectar a su derecho al
honor y a la intimidad, reconocidos constitucionalmente.
Aunque el informe indica que la Mesa del Parlamento no dispone de
potestad reglamentaria para sancionar ni reprobar formalmente al
director del SCS del Ejecutivo, deja constancia de que la conducta fue
contraria a los principios de respeto institucional y a la protección de
los datos personales.
Este informe, según Caraballo, confirma lo que ya denunció desde el
primer momento, que “se vulneraron mis derechos fundamentales y que se
intentó desacreditar mi labor parlamentaria mediante la exposición
pública de información privada y sensible”. Nadie, y menos un alto cargo
público, “puede utilizar datos de salud para atacar a un diputado en
sede parlamentaria”, manifestó Caraballo.
“Lamento que el Parlamento no tenga mecanismos sancionadores en estos
casos, pero continuaré defendiendo el derecho de cualquier persona, sea
representante público o no, a que se respete su intimidad y dignidad”,
añadió.
Yoné Caraballo ha anunciado que, una vez conocido el informe, valora
elevar la denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos y
estudiar acciones legales complementarias para que se depuren
responsabilidades por la divulgación de información personal sin
consentimiento.
“Este no es un asunto personal. Es una cuestión de principios
democráticos, de respeto institucional y de protección de los derechos
fundamentales”, subrayó el parlamentario de NC-BC.