Carmen Hernández reclama diálogo y consenso a favor de la convivencia y
evitar que el Ejecutivo rompa los acuerdos alcanzados en materia
educativa
La diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) Carmen Hernández
reprochó hoy al Gobierno de las dos derechas canarias de CC y el PP, en
la sesión de control del pleno, la exclusión de la comunidad educativa
en el proceso de actualización del decreto que regula la convivencia
escolar. La portavoz en la materia del grupo nacionalista progresista
reclamó diálogo, escucha y consenso en favor de la convivencia y evitar
que el Ejecutivo presidido por Fernando Clavijo rompa los acuerdos
alcanzados tradicionalmente en Canarias en materia educativa.
Carmen Hernández cuestionó al consejero de Educación, Formación
Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, sobre los avances
en la redacción del nuevo decreto y criticó el procedimiento seguido por
este departamento.
“Usted y su Gobierno tienen un singular concepto de la participación”,
denunció la parlamentaria de NC-BC. La participación, insistió, es
“diálogo, escucha sincera y consenso. Aquí no ha habido escucha”,
censuró.
Hernández recordó que los sindicatos, las asociaciones de madres y
padres y el propio Consejo Escolar de Canarias, máximo órgano de
representación del ámbito educativo, han manifestado públicamente que no
se les ha permitido participar en la elaboración del texto. Además,
subrayó que el Consejo Escolar había solicitado “más tiempo” para
analizar el borrador. De esta manera, reprochó la portavoz canarista
que el Ejecutivo haya optado por el trámite de urgencia.
Las dos derechas canarias, como refirió, llevan desde julio de 2023 en
responsabilidades ejecutivas y este es un decreto de 2011. “Bien podían
haber empezado” hace tiempo a redactar la nueva norma para que el
proceso se hiciera con participación, apuntó Hernández.
Insistió en que la convivencia escolar no se impone por decreto, sino
que “se construye día a día en las aulas y en los centros”. La
convivencia, tal y como reiteró, se basa en el diálogo sincero y en el
trabajo conjunto de toda la comunidad educativa. “Hablamos de derechos y
deberes” del profesorado, del alumnado, de las familias y del personal
no docente, detalló. También de ofrecer herramientas para resolver los
conflictos que forman parte de la vida escolar y social, destacó.
Carmen Hernández defendió la necesidad de fortalecer la mediación
escolar y las habilidades de resolución pacífica de conflictos, dotando
a los centros de los recursos necesarios para que sea posible. “La clave
es si le damos a la escuela canaria las herramientas y los recursos para
resolver esos conflictos de manera sana”, señaló.
La portavoz de Nueva Canarias advirtió de que el Gobierno de Clavijo
“está rompiendo los consensos y el diálogo” tradicional en Canarias en
materia educativa, tanto con este decreto como con la propuesta
legislativa de los grupos del Ejecutivo (CC, el PP, la ASG y la AHI) en
tramitación para el reconocimiento de la autoridad del profesorado.
Recordó que Canarias firmó en 2013 el pacto canario por la educación,
fruto del consenso impulsado por el Consejo Escolar de Canarias.
Después, añadió, avalado por toda la sociedad con 38.000 firmas que
sirvieron para presentar, en la Cámara, una iniciativa legislativa
popular que dio origen a la actual ley. Una norma en la que el PP se
abstuvo, cuestionó Hernández, que fija el compromiso del 5 por ciento de
inversión de la riqueza de Canarias
“No rompa el diálogo, consejero. Trabajemos desde el consenso.
Permitamos que toda la comunidad educativa (familias, docentes y
alumnado) trabajen en favor de una escuela pública” comprometida con la
convivencia, expresó Carmen Hernández.