NC-BC mantiene que un programa de incentivos y financiación pública
permitirá poner en alquiler muchas residencias desocupadas en tiempo
récord
La parlamentaria cree que plantear expropiaciones, que exigen cambios de
leyes estatales que escapan a la competencia de Canarias, es un “brindis
al sol”
La portavoz parlamentaria de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) en
políticas de vivienda, Carmen Hernández, denunció hoy que el Gobierno
presidido por Fernando Clavijo “no actúa” con diligencia para afrontar
la profunda crisis habitacional de la comunidad. Hernández sostuvo que
se pueden movilizar miles de viviendas vacías en pocos meses con un
programa de incentivos y financiación, lo que permitirá poner en el
mercado del alquiler inmuebles en tiempo récord. La diputada
nacionalista progresista declaró que, “mientras el Ejecutivo de las dos
derechas canarias no aplica medidas efectivas para resolver la crisis de
la vivienda, rechaza nuestras propuestas, como el Programa Canario de
Alquiler Seguro, solo por ser iniciativa de Nueva Canarias, sin valorar
que es una medida viable y de aplicación inmediata.”
Carmen Hernández criticó las recientes iniciativas anunciadas por el
jefe del Ejecutivo para dotar a los ayuntamientos de competencias para
expropiar viviendas vacías o aplicar sanciones fiscales al afirmar que
son un “brindis al sol”.
Es además un planteamiento, denunció la portavoz canarista, que “no
aborda la urgencia para que las familias y jóvenes encuentren una
residencia accesible hoy, ni garantiza que una parte de los centenares
de miles de inmuebles vacíos existentes en las islas se pongan a
disposición de quienes los necesitan”, advirtió NC-BC.
Cuestionó que Clavijo “se limite a hablar” de proyectos legislativos y
reformas estructurales que tienen que ser aprobadas por el Congreso de
los Diputados y el Senado, previo acuerdo con la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP) y antes con las federaciones de
municipios y de islas de Canarias, Fecam y Fecai, respectivamente.
Reprochó al presidente que “no concentre todos sus esfuerzos en acciones
de emergencia que permitan aumentar la oferta de vivienda asequible de
manera inmediata”.
El Gobierno “bien podría escuchar” la propuesta del grupo nacionalista
progresista, subrayó Carmen Hernández, para poner en marcha un programa
de incentivos, como el contemplado en el Programa Canario de Alquiler
Seguro, que “le ofrecimos y rechazó sin tan siquiera ver su viabilidad,
solo por ser” de NC-Bloque Canarista.
Convertido el Ejecutivo en aval para los propietarios de inmuebles sin
ocupar que quieren alquilar y financiar un 50 por ciento del
arrendamiento como se plantea en el Programa Canario de Alquiler Seguro,
permitirá devolver al mercado cientos o miles de viviendas en muy pocos
meses, remarcó Carmen Hernández. Con unos 20 millones de euros de ficha
financiera inicial y la aprobación de un decreto ley urgente, insistió
en que se pueden ofrecer viviendas a precio de mercado, o un poco
inferior, en unos meses.
“Es una medida de efecto inmediato que daría una respuesta”. También se
reafirmó en la aplicación de medidas fiscales a grandes tenedores,
fondos buitres y grandes inmobiliarias que mantengan inmuebles vacíos de
forma injustificada.
Estas iniciativas de NC-BC, según Carmen Hernández, van orientadas a
aumentar la oferta de vivienda asequible, especialmente para las
familias más vulnerables y los jóvenes. Sin embargo, el gabinete de
Clavijo, a pesar de tener plenas competencias, se dedica a lanzar
medidas “inviables en lugar de soluciones efectivas para las canarias y
los canarios”.
Todas, además, como denunció, trasladan la responsabilidad a los
ayuntamientos. La primera excusa, recordó, fue que “no había vivienda
disponible porque los ayuntamientos no liberaban suelo”, lo que motivó
la propuesta de liberalización del territorio incluído en el decreto de
emergencia habitacional.
Meses después, añadió la portavoz nacionalista, CC se centró en el
“supuesto” problema de las licencias de obra, en trámite en el
Parlamento en este momento. Ahora, “para rematar, intentan trasladar a
los ayuntamientos la responsabilidad de una competencia que es
estrictamente gubernamental, sugiriendo que podrían expropiar
viviendas”, explicó Carmen Hernández.