NC comparte con la Plataforma del 5% para Educación que los presupuestos de 2025 se alejarán aún más del objetivo de la ley 

Carmen Hernández denuncia la amenaza de un nuevo retroceso, mayor que el 4,2% aprobado por CC y el PP para 2024 y lejos del 4,6% de 2023 del pacto de progreso 

La presidenta del grupo parlamentario de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Carmen Hernández, en un encuentro de trabajo, compartió hoy con la Plataforma del 5% para Educación el temor de que los presupuestos canarios de 2025 se alejen aún más del cumplimiento del objetivo inversor del 5% de la riqueza de la comunidad (Producto Interior Bruto), fijado por la Ley Canaria de Educación. La también portavoz parlamentaria en la materia del grupo canarista denunció la amenaza de un nuevo retroceso decidido por el pacto de las dos derechas, mayor que el 4,2% aprobado por CC y el PP para 2024 y lejos del 4,6% de 2023 del pacto de progreso. Hernández advirtió de que todas las señales indican que, en tan sólo dos años, el Gobierno de Canarias dilapidará todos los esfuerzos realizados en la pasada legislatura cuando se heredó un presupuesto educativo del 3,58% y se incrementó la inversión hasta el 4,6% de la riqueza del Archipiélago.

 Al término de la reunión mantenida en la sede nacional de NC-BC de Las Palmas de Gran Canaria con una representación del colectivo de profesionales que integran la citada plataforma, Carmen Hernández confirmó que solicitará la comparecencia del consejero Poli Suárez, en el pleno de la próxima semana, ante el “más que preocupante” escenario inversor que se presenta para el próximo año en uno de los servicios públicos más importantes para la ciudadanía.  

La diputada canarista compartió el temor de la Plataforma del 5% para Educación de que los presupuestos para 2024 “sigan alejándose” del objetivo legal de invertir el 5% del PIB “necesario para avanzar” en los objetivos y desafíos que tiene el Archipiélago en esta materia.

Hernández avisó de que, “incluso, no se puede descartar que el retroceso” en 2025 sea mayor que el aprobado por el pacto de las derechas del 4,2% del PIB, lo que supuso la pérdida de unos 200 millones de euros en inversión para este año. “Todo apunta” a que, por segundo año consecutivo, se produzca un alejamiento mayor del cumplimiento de la ley canaria, tal y como observó.

Un retroceso, denunció Carmen Hernández, que puede llegar a ser mayor que el del 2024, año en el que CC y el PP aumentaron el gasto del presupuesto general para todo el Gobierno en 1.121 millones de euros con respecto a 2023, y “aún así castigaron” al área de Educación.

Es “muy preocupante” que el Ejecutivo de las derechas “haya echado por la borda todos los esfuerzos” realizados por el pacto de progreso en la pasada legislatura, cuando recogió unos presupuestos educativos en 2019, que tenían una inversión del 3,58% de la riqueza canaria, para llegar, en 2023, al 4,6%, a pesar de las consecuencias y necesidades derivadas del cero económico provocado por la pandemia del coronavirus y la erupción volcánica de La Palma, principalmente.

Con una situación tan crítica “cumplimos con el compromiso de mejorar” la inversión en el sistema educativo, destacó la parlamentaria de NC-BC, y quedar cerca del 5% que la ley fijaba desde 2022.

Recordó que, cumplir con la norma, “no es un capricho” sino la condición “imprescindible para poder afrontar las necesidades” existentes. Entre ellas, citó el aumento de las plantillas y la rebaja de las ratios en las aulas, una educación individualizada, la universalización de la escolarización en la escuela pública de las niñas y niños de cero a tres años. Mejorar los programas de refuerzo para el alumnado en desventaja, el plan para la adaptación al cambio climático y la modernización de unos centros educativos, que en su mayoría tienen más de 30 años de antigüedad, así como la implantación de la Formación Profesional Dual.

Con los recortes de 2024, la diputada de NC-BC manifestó que “ya estamos viendo las consecuencias y dificultades” en el inicio del nuevo curso escolar por la falta de docentes y por una mala planificación organizativa. Carmen Hernández aseguró que será inadmisible que, el próximo año, vuelvan a recortar la calidad de este servicio que favorece la cohesión y la igualdad social.